SESIÓN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE CENTROAMÉRICA

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (En colaboración con el proyecto PAPIIT AG40012031) y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el marco del: Seminario de Estudios sobre Centroamérica.

Sesión del 21 de octubre de 2021 a las 12:00 horas (México), con el Lic. Josué Sevilla (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), quien presentará: “Los movimientos revolucionarios hondureños de la década de 1980: Guerrillas urbanas, Doctrina de Seguridad Nacional y actores de la época”.

Coordinación: Mario Vázquez Olivera, Mónica Toussaint Ribot y Juan Carlos Vázquez Medeles

Mario Roberto Morales. Hasta Luego

Era ya 20 de octubre y no hubo festejos revolucionarios. Pero la llamada de Gilberto Morales quien me convidaba a comer junto a él, su hija y el «Tecolote» Ramírez Amaya daba una gran sensación de fiesta. Llegamos a la Mezquita, aquel viejo restaurante español, cuando el Teco aún llegaba al lugar, pagando con trazos los tragos de más y las cuentas abultadas.

Ese mismo día esperaba la llamada de Mario Roberto Morales, quien confirmaría la cita para hacerle una entrevista. Misma que llegó cuando el consomé ya se había terminado junto a la segunda Moza y expurgaba los ostiones de la paella, pues nunca han sido mi deleite. Mario Roberto me esperaba en su casa, mientras apuntaba su dirección, mis acompañantes me dijeron, casi como una ordenanza:

G: -Décile que venga para acá-.

T: -Dile que acá lo esperamos-.

Yo, le trasladé las indicaciones y recibí una especie de gruñido que terminó en un: -No, gracias, no quiero incomodar. Mejor vénite para acá-.

Terminé de escribir el domicilio y las indicaciones y colgué, cuando escuché sendas carcajadas, principalmente la del Teco que decía: -Buena nota, ese cerote no nos quiere, vos cerote-. Y algunas otras palabras que no recuerdo o no entendí.

G, aún con la risa entre los dientes sólo confirmó aquel sentimiento.

Di cuenta de la broma, parte de la casaca entre ellos. Apuré mi comida y me dirigí a la avenida Elena, mientras pensaba que aquella chanza podría tensar la posibilidad de mi charla con el «Guerrillero Heroico», como le decían mis amigos

Llegué un tanto apenado, toqué y salió MR con una sonrisa, me ofreció un refresco o una soda, ya no recuerdo, lo que sí es el sufrimiento por el calor y ese sofá de piel -o imitación de la misma- que me hacía sudar copiosamente y se me pegaban los antebrazos al recargarme, lo que hacía que mi nerviosismo se incrementará por la ocurrencia pasada.

Inició la charla, hablamos de sus libros, de algunas teorías de la subaltarnidad, de Beverley y algunas cosas más, antes de iniciar la entrevista, a la cual accedió bajo mis intereses.

Terminamos, me obsequió algunos de sus libros (los cuales presté y aún no me los devuelven), los firmó, me recomendó buscar otras amistades y quedamos en seguir la charla en otro momento. Ese otro momento no se dio como tal, coincidimos en algunos espacios, intercambiamos otras charlas, en aquella cantina que frecuentaba cuando llegaba a México, a unos pasos de la Editorial Praxis, con el buen Carlos Humberto López Barrios. O con Che-Char, en la zona 1 guatemalteca, para celebrar algún evento junto a José Luis Perdomo Orellana.

Así, con estos cruces de amistades, fue también el aprendizaje que me dejó, entre aquellos sus años revolucionarios y sus letras. Amistades que, como suele pasar en Guate, ahí están, aunque eviten pasar por donde seguro estarás.
Mario Roberto se adelantó, dejó un gran vacío, pero se fue como él le gustaba hacerlo, rebelde, contradictorio, provocador. Hasta luego, buen camino Nenón.

(Juan Carlos Vázquez Medeles, 17 de septiembre de 2021).

SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE CENTROAMÉRICA

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (En colaboración con el proyecto PAPIIT AG40012031) y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el marco del: Seminario de Estudios sobre Centroamérica.

Exposición: “Viviana Gallardo: Femicidio de Estado en la Suiza Centroamericana”.

A cargo de:

Alejandra Bonilla Leiva (Universidad Nacional de Costa Rica)

Miguel Regueyra Edelman (Universidad de Costa Rica).

Sesión miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas, CdMx, (10:00 horas, Costa Rica y Centroamérica)

Sesión con Alejandra Bonilla y Miguel Regueyra

Hay más presos por defender la vida que militares por masacrar al Pueblo.

Juan Carlos Vázquez Medeles

Salí del Parque «Morazán», aquel que se resiste a ser llamado «Jocotenango», como la calle misma que termina o inicia frente a él. Depende si vas, vienes, lo que decidas hacer o lo que estás realizando.

En mi caso, iniciaba mis pasos para encontrarme con aquel amigo que me hablaba sobre sí y su vida. Cruzaba la frontera entre las zonas 1 y 2, deje atrás las jardineras convertidas en mesas de picnic para los bebedores con poco pisto, los renuentes a pagar el sobreprecio de una cantinucha maloliente y poco ventilada. También, pase con incomodidad aquellos espacios donde el gravamen del canto nuevo se destina a velas aromáticas, mesas limpias y manteles con bordados de Chichicastenango.

Apresuré el paso evadiendo breakdanceros que han reinterpretado el uso de los atrios, entre éxitos remasterizados y voces pentecostales. Justo estaba por cruzar la calle y pasar por la Casa del Timbre, aquella ubicada en la sexta avenida y tercera calle, una escena me paralizó momentáneamente. Contemplé una postal en movimiento, la alegoría de la justicia, de la posguerra, del presente incierto, de la enfermedad de los perpetradores para evadir responsabilidades, de su demencia medicada para callar a la consciencia que se presenta en forma de pesadillas.

Un par de manos en mi espalda me invitaban a continuar mi andar. Mi reacción fue tardía, como pude saqué mi Pentax, recorrí el rollo, levanté la cámara, intenté enfocar y disparar, para guardar ese momento. Regresé la cámara a la mochila con las miradas retadoras de aquellos hombrecillos con ropajes camuflados y fusiles oxidados. Sonreí y traté de imaginar el interior de esas habitaciones, con un Oliverio apresurando el desayuno para reunirse con los miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y ser parte del torbellino de esperanzas de una rebeldía, joven, apasionada, ilusionada, amorosa, revolucionaria, hasta que en una docena de calles delante lo intentaron callar.

Hay más presos por deefender la vida que militares por masacrar al pueblo. Fotografía Juan Carlos Vázquez Medeles, Pentax K1000- Kodak TriX 400. Ciudad de Guatemala.

Aquella frase no se pensó como metáfora, es, crudamente, una realidad. Una realidad que se presenta en los tribunales de justicia, con un nombre que retumba en las paredes del Hospital Militar: Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt. Y en mi cabeza se repite la frase No a la Amnistía.

SESIÓN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE CENTROAMÉRICA

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (En colaboración con el proyecto PAPIIT AG40012031) y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el marco del: Seminario de Estudios sobre Centroamérica.

Sesión del 25 de junio de 2021 con el Dr. Rodrigo Véliz Estrada, quien expone: “El rompecabezas de la política centroamericana”: las intervenciones mexicanas y guatemaltecas en la guerra civil de Costa Rica (1948)”.

Caso Diario Militar: Final de Primera Audiencia e Iniciativa de Ley de Amnistia

Por Juan Carlos Vázquez Medeles

El día 9 de junio de 2021, después de siete jornadas de la Audiencia de primera instancia y de realizar el proceso iniciado desde el 27 de mayo pasado, cuando se dictó la orden de captura de once personas al tener sospecha fundada de su participación en el caso conocido como Diario Militar. El 2º de junio pasado, continuó con la demostración de indicios racionales, presentados por los querellantes y con el pequeño contradictorio, donde los abogados defensores presentaron sus argumentaciones de supuesta inocencia de sus patrocinados.

            Durante este periodo se presentaron una cantidad de indicios de responsabilidad al conformar estructuras clandestinas e ilegales, así como testimonios como el de Álvaro René Sosa Ramos, quien fue secuestrado y retenido en casas de seguridad clandestinas donde fue torturado y encarado con otros detenidos, hasta que logró escapar ingresando en la embajada de Bélgica y, posteriormente, exiliado en Canadá. Dicha declaración, considerada como parte de los indicios presentados, se ha tratado de rechazar -como la totalidad de los testimonios vertidos por víctimas y sus familiares- bajo argumentos de ser fabricado, inventado manipulado e inverosímil, principalmente por los años transcurridos desde los hechos narrados hasta la actualidad. La poca capacidad de investigación de los abogados y sus despachos es notoria, al no contrastar las diversas versiones que el mismo Sosa Ramos ha realizado desde su fuga y que coinciden en la forma que se presentó. Los medios de comunicación lo informaron desde el 14 de marzo de 1984, donde identifican a un vehículo Volvo con placas P-121721 como el transporte del cual escapó de sus captores.

            Posteriormente, en 1985, el Cuaderno 6 de Ciencia y Tecnología para Guatemala, titulado: «La tortura política en Guatemala», edita una de las primeras versiones públicas del hecho contra Sosa Ramos, el capítulo: «Un caso comprobado de tortura en Guatemala», concuerda con la narración presentada en distintas sesiones de la Audiencia, donde expresa que vio a Silvio Matricardi Salán y a Amancio Samuel Villatoro.

Se puntualizó que el documento llamado Diario Militar demuestra que los operativos realizados en contra de las personas registradas en él, no son hechos aislados, si no que se puede establecer una cadena sucesiva de sucesos, realizadas por los grupos élite que realizaron las detenciones, secuestros, torturas y desaparición. Además, estos delitos tuvieron efectos en los círculos familiares inmediatos de las víctimas, que conllevaron al desplazamiento forzado territorial por su seguridad. En este sentido, la representación del mandatario judicial de Wendy Santizo Méndez expuso la situación actual que vive, por lo cual, no fue posible su presencia física en las audiencias. Wendy, era una niña cuando enfrentó la detención y desaparición de sus padres, Marco Antonio Santizo Velázquez y Luz Haydee Méndez Calderón. Así también, se invitó a las víctimas presentes a participar, por lo que Paulo Estrada, hijo de Otto René Estrada Illescas y sobrino de Julio Alberto Estrada Illescas, tomó la palabra para hablar de las consecuencias de sus desapariciones. Expresó: -No me acuerdo de mi papá, pido justicia y le pido a las personas ¿Dónde los dejaron? Confiamos en esta investigación. Nos merecemos justicia y sobre todo que nos digan: ¿Dónde están?-.

            Por su parte, los abogados defensores iniciaron con la presentación de Zucelly Yolyzeth Manzanero Corzo, representante legal de Monterroso Villagrán. Dicha defensa técnico presentó argumentos que pretendieron rebatir los medios de convicción vinculatorios en los hechos imputados, alegando que no se establecieron tiempo, modo y lugar. Sin embargo, al expresar la presunta inocencia de su representado responsabilizó a Tarso de León Maldonado y a Edgar Eugenio Méndez López, con alias «Pepito el Malcriado» de los delitos en cuestión.

            Uno a uno presentó su defensa y exigieron que se estableciera la falta de mérito en las imputaciones, alegaron violaciones a los derechos humanos de sus patrocinados desde la prisión preventiva y el sufrimiento que eso les ha ocasionado tanto a ellos como a sus familiares. La descalificación de los indicios fue recurrente, con argumentos que se salieron de una defensa técnica, como la realizada por el abogado Otto Breithner Orozco González, representate legal de Edgar Virgilio de León Sigüenza. A manera de protesta, intentó desacreditar algunos peritajes bajo el señalamiento de que uno de ellos fue realizado por un ex miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios. El común fue la afirmación de la intervención extranjera con intereses particulares en el caso, además, de que se caracterizaron la acusaciones de investigaciones sensacionalistas, asimismo, de que se reconoció que existió un Conflicto Armado Interno en Guatemala y que hubo represión del Estado contra quienes consideró Enemigo Interno, a través de operativos que respondieron a las estrategias contrainsurgentes, pero que las deducciones de que los imputados, quienes estuvieron en servicio en diferentes estructuras encargadas de enfrentar la subversión, no eran suficientes para ligarlos al proceso.

            Sus intervenciones reprodujeron el discurso que ha manejado la derecha política en Guatemala, el cual, asegura que el documento conocido como Diario Militar es una invención de diferentes personas vinculadas a la izquierda armada de los años de enfrentamiento, sin mencionar los estudios realizados con anterioridad al documento y comprueban su autenticidad. Por un lado, cuestionan la manera en que se hizo público dicho documento, es decir, con la mediación de la archivista estadounidense Kate Doyle -analista del National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de los Estados Unidos- y un especialista del Ejército de Guatemala que sustrajo el Diario y se lo vendió por la cantidad de dos mil dólares.

            Se matiza en sus intervenciones la justificación de los actos punibles cometidos por los imputados. De la misma manera, tanto el discurso de odio como la apología y evasiva de los delitos es un reflejo que circula en las distintas redes sociales, que caracterizan a los acusados de «Héroes de Guerra». Asimismo, los medios de comunicación virtuales, se sirven de su espacio para difamar a las víctimas y ponderar las acciones represivas realizadas por el Ejército guatemalteco durante el Conflicto Armado Interno, como lo hace el programa Coyuntura Nacional de VEA Canal y conducido por Karina González de Rottmann, propietaria junto a su esposo Otto Rottman del medio. El 1º de junio, junto a su invitada Karen Marie Fischer Pivaral, quien se le ha conocido por asegurar que Marco Antonio Molina Theissen está vivo y que su juicio fue una farsa. Con el mismo discurso, intenta desacreditar la Audiencia de primera instancia y la culpabilidad de los ex integrantes del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El discurso de odio ha generado amenazas constantes hacía los familiares de las víctimas, hostigamiento e intimidaciones directas, como la realizada por José Daniel Monterroso Villagrán, quien se dirigió con palabras desafiantes a los abogados querellantes el final de la jornada.

Facebook: VEA Canal, 1o de junio de 2021.

            Estos recursos también aluden a que son hechos del pasado que ocurrieron hace 36 años por lo cual prescriben, agregan que sus clientes han olvidado y que eso no determina su participación en los hechos. Esto, a la par del proyecto de iniciativa de Decreto que intentan aprobar en el Congreso de la República, que fue enviado el día 3 de junio de 2021 por el Bloque legislativo del Partido Político VALOR, encabezado por el diputado Antonio Fernando Arenales Forno bajo el título de: «Ley de consolidación de la Paz y Reconciliación».[1] Como motivo principal, explica que:

«El que oficiales del Ejército, patrulleros civiles y otras personas que participaron en la lucha contrainsurgente, estén o hayan sido procesadas por delitos, que aún si ciertamente cometidos, estaban amnistiados o prescritos, constituye una grave violación a los Derechos Humanos. Que haya personas, que como consecuencia de esta violación a los Derechos Humanos, estén cumpliendo condenas o privados de libertad sujetos a procesos penales, hace que la violación a los Derechos Humanos sea continuada, sistemática y gravísima».

La iniciativa impulsada por el partido político liderado por Zury Ríos Sosa, hija del finado general Efraín Ríos Montt, acusado y sentenciado por Genocidio en 2013, desconoce acuerdos nacionales e internacionales relacionados a conflictos armados y desconoce el delito de genocidio. Con ello, se busca extinguir responsabilidades de los delitos cometidos durante el Enfrentamiento Armado Interno, que se anule toda sentencia, resolución o disposición realizada, en caso contrario, procesar al juez que contravenga la ley triplicando su sentencia. Su aprobación implicaría un retraso al acceso a la justicia y la verdad, el cual es un derecho de las víctimas y de sus familiares. La cooptación del Congreso y los tribunales de justicia, señalada por el juez Gálvez Aguilar, es una amenaza para que el proceso sea libre de obstáculos.

            Bajo este panorama y después de dos rectificaciones del juez de Mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, concretó la Audiencia de primera instancia con los siguientes resolutivos:

José Daniel Monterroso Villagrán (Seudónimo de «Lengüita»). Del Estado Mayor de la Defensa Nacional, se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Rubén Amílcar Farfán.

Edgar Virgilio de León Sigüenza (Seudónimo «El Choco»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Rubén Amílcar Farfán.

Enrique Cifuentes de la Cruz (Seudónimo «El Miquillo»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Rosa María Castillo Samayoa, Óscar Leonel Velásquez Bautista, Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco, Víctor René López Pérez, Arnulfo de Jesús López Pérez, Santiago Rodríguez Melgar. En agravio de Jorge Alfonso Gregorio Velázquez Soto, Marvin Girón Ruano o Héctor Manuel de León Escobar, en agravio de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, en agravio de Jorge Mauricio Gatica Paz, Julio César Pereira Vásquez y en agravio de Amancio Samuel Villatoro, Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos, Mario Enrique Chávez Ovalle y Silvio Matricardi Salán.

Jacobo Esdras Salán Sánchez. Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Amancio Samuel Villatoro, Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos, Mario Enrique Chávez Ovalle y Silvio Matricardi Salán. En agravio de Gustavo Adolfo Meza Soberanis y Mayra Janet Meza Soberanis.

Rone René Lara (Seudónimo «El Cañitas»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Álvaro René Sosa Ramos.

Edgar Corado Samayoa (Seudónimo «El Diablo»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad con relación a los agravios de Rosa María Castillo Samayoa, Óscar Leonel Velásquez Bautista, Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco, Víctor René López Pérez, Arnulfo de Jesús López Pérez y Santiago Rodríguez Melgar. Con relación en agravio de Jorge Alfonso Gregorio Velázquez Soto, Marvin Girón Ruano o Héctor Manuel de León Escobar, Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, Amancio Samuel Villatoro, Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos, Mario Enrique Chávez Ovalle y Silvio Matricardi Salán.

El día 10 de junio, el Ministerio Público y los abogados querellantes han solicitado la prisión preventiva de los ya ligados al proceso del caso. La gravedad de los delitos que trascienden a la víctima con un impacto social tanto nacional como internacional se suma el peligro de fuga de los detenidos, como ha sucedido en otros procesos realizados en los tribunales guatemaltecos. Se niegan las medidas sustitutivas, se mantiene la prisión preventiva y se establece un plazo máximo de investigación de 3 meses para presentar los medios de prueba al Ministerio Público el día 9 de septiembre de 2021, y se fija la audiencia de paz intermedia para el día 21 de septiembre de 2021 a las 9:00 horas.


[1] Iniciativa firmada por los diputados: Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, Antonio Fernando Arenales Forno, José Francisco Zamora Barillas, Efraín Menéndez Anguiano, Jose Luis Galindo de León, Gerardin Ariel Díaz Mazariegos, Leopoldo Salazar Samayoa, Estevan Rubén Barrios Galindo, Sergio Leonid Chacón Tarot,

Caso Diario Militar: Imputaciones a los ExMilitares

Por Juan Carlos Vázquez Medeles

Se tomó la decisión de hacer las imputaciones por grupo, ante la ausencia de algunos procesados y por la situación de crisis sanitaria.

La audiencia -del proceso 1004-1997-00002- que inició el lunes 1 de junio se ha extendido hasta el miércoles 3, en la Sala de sesiones del juzgado primero de primera instancia penal, Narcoactividad, Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, con Miguel Ángel Gálvez Aguilar como juez. También se contó con la presencia del Abogado Fiscal Giovanny del Río y abogados en representación de los grupos querellantes como la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).

Este primer grupo se conformó con los siguientes acusados:

José Daniel Monterroso Villagrán (Alias «Lengüita»), presente con su abogada Zucelly Yolyzeth Manzanero Corzo (Colegiado 30481). Tiene 73 años, originario de San José Pínula. Se autonombra agricultor. Trabajó 5 años en la Policía Militar Ambulante y posteriormente causó alta en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y alcanzó el grado de Sargento Mayor especialista, donde trabajó como oficinista 5 y conductor durante 27 años. A Monterroso, se le vincula con la detención y asesinato de Rubén Amílcar Farfán, registrado en el Diario Militar con el número 134, donde se anota que su detención se llevó a cabo el 15 de mayo de 1984 y posteriormente asesinado.

Edgar Virgilio de León Sigüenza (Alias «El Choco»), presente con su abogado Otto Breithner Orozco González (Colegiado 18555). Tiene 71 años, originario de Ollintepeque, Quetzaltenango. Oficinista. Trabajó en Estado Mayor de la Defensa Nacional durante 25 años. Actualmente se dedica a la seguridad ejecutiva. A de León Sigüenza se le vincula con la detención y asesinato de Rubén Amílcar Farfán y se le identifica como jefe del grupo A de la Dirección de Inteligencia, grupo que realizó operativos clandestinos e ilegales. Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar.

Enrique Cifuentes de la Cruz (Alias «El Miquillo» y «Gorilón»), presente con su abogado Juan Pablo Guzmán Muñoz (Colegiado 7031), Byron Giovanni Raymundo (Colegiado 7511) y Erick Path Ruiz Uz (Colegiado 31788). Tiene 63 años, originario de Champerico, Retalhuleu. Trabajó en el Estado Mayor Presidencial. Vinculado por lo menos en los casos de Marvin Girón Ruano (Registrado en el número 28 como Héctor Manuel de León Escobar) herido y detenido el 28 de noviembre de 1983; de Óscar Leonel Velásquez Bautista (Luis) el 31 de octubre de 1983 y ejecutado el 7 de noviembre de 1983; Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco (Marcos) detenido el 2 de noviembre de 1983; Santiago Rodríguez Melgar (Quique) detenido el 2 de noviembre de 1983 y ejecutado dos días después; Ana Lucrecia Osorio Bobadilla (Claudia), detenida el 31 de diciembre de 1983; Amancio Samuel Villatoro (Guillermo y René), detenido el 30 de enero de 1983 y ejecutado el 29 de marzo de 1984; Álvaro René Sosa Ramos (Richard), detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente; Mario Enrique Chávez Ovalle (Rubén), detenido el 12 de marzo de 1983, entre otros. Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar.

Rone René Lara (Alias «El Cañitas»), presente con su abogado José Carlos Guerra Aldana (Colegiado 26407). Tiene 74 años, originario de El Tejar, Chimaltenango. Actualmente se dedica a la agricultura. Dice que no trabajó en otro lado. Fue chofer de las estructuras ilegales y clandestinas del Estado Mayor y obtuvo el grado de Sargento Mayor segundo. Estuvo en servicio 17 años. Se le relaciona en la detención ilegal de Álvaro René Sosa Ramos (Richard), detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente, donde se le hirió. Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar. Dice no entender las imputaciones que se le hicieron y se abstuvo de declarar.

Jacobo Esdras Salán Sánchez, presente con su abogado Eddy Ronaldo Herrera López (Colegiado 13093). Tiene 67 años, originario de San Marcos. Fue cadete en la Escuela Politécnica. Llegó a Coronel de Infantería y Diplomado del Estado Mayor. Trabajó en el Estado Mayor de la Defensa Nacional Ejército. También fue parte de la Escuela Kaibil. Actualmente es comerciante. Vinculado a los casos de Ana Lucrecia Osorio Bobadilla (Claudia), detenida el 31 de diciembre de 1983; Amancio Samuel Villatoro (Guillermo y René), detenido el 30 de enero de 1983 y ejecutado el 29 de marzo de 1984; Álvaro René Sosa Ramos (Richard), detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente; Juan Pablo Armira López (Sergio), capturado el 10 de marzo de 1984 y enviado a Chimaltenango cuando contaba con 12 años de edad; Mario Enrique Chávez Ovalle (Rubén), aprehendido el 13 de marzo de 1984; Silvio Matricardi Salán (Comandante Patricio), capturado el 13 de marzo de 1984 y le dieron muerte, de Mayra Janet Meza Soberanis (China) y Gustavo Adolfo Meza Soberanis (Hugo o Sebastián).

Edgar Corado Samayoa, (Alias «El Diablo») presente con su abogado Francisco Javier Gallardo Samayoa (Colegiado 14457). Tiene 65 años, originario de la Aldea el Terrero, La Gomera, Escuintla. Se dedica a la agricultura. Integró las estructuras clandestinas de Ejército para operaciones clandestinas e ilegales. Vinculado en los casos de Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco (Marcos) detenido el 2 de noviembre de 1983; Marvin Girón Ruano (Omar) herido y detenido el 28 de noviembre de 1983; Jorge Alfonso Gregorio Velásquez (Roberto) capturado el 29 de noviembre de 1983 y asesinado el 21 de enero de 1984; Álvaro René Sosa Ramos (Richard) detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente; Mario Enrique Chávez Ovalle (Rubén), aprehendido el 13 de marzo de 1984; Amancio Samuel Villatoro (Guillermo y René), detenido el 30 de enero de 1983 y ejecutado el 29 de marzo de 1984; ; Juan Pablo Armira López (Sergio), capturado el 10 de marzo de 1984 y enviado a Chimaltenango cuando contaba con 12 años de edad; Silvio Matricardi Salán (Comandante Patricio), capturado el 13 de marzo de 1984 y le dieron muerte; Óscar Leonel Velásquez Bautista (Luis), aprehendido el 31 de octubre de 1983 y asesinado el 7 de noviembre de 1983; Santiago Rodríguez Melgar (Quique), capturado el 2 de noviembre de 1983 y asesinado el 4 de enero de 1984; Ana Lucrecia Osorio Bobadilla (Claudia), detenida el 31 de diciembre de 1983; Víctor René López Pérez (Luis), capturado el 2 de noviembre de 1983 y asesinado el 21 de enero de 1984; Arnulfo de Jesús López Pérez y Rosa María Castillo Samayoa (Ana). Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar.

Gustavo Adolfo Oliva Blanco, ausente por encontrarse en el Centro Médico Militar, su abogado Danilo Estuardo Sandoval Flores (Colegiado 10444), pasó lista y se retiró.

Las imputaciones de los cargos son abundantes, entre ellas se encuentran la detención de personas sin orden de juez competente, de manera ilegal, así como el ocultamiento del destino y paradero de personas o cadáveres, privación extrajudicialmente de la vida, tortura, interrogatorios a través de diferentes métodos tortura y tratos inhumanos y degradantes, violación sexual por condición de género, allanamientos de casa sin orden de juez competente, sustracción de bienes y objetos de valor; Operativos destinados a controlar, neutralizar y aniquilar a personas consideradas enemigo interno, ocultamiento de identidad del personal de las dependencias responsables, miembro de un sistema clandestino ilegal de inteligencia, reclusión de personas en centros clandestinos e ilegales de detención, Desplazamiento internacional de personas, catalogación de niños como enemigo interno, uso arbitrario de la fuerza, entre otros. Los cuales son considerados como delitos contra la humanidad.

¿Dónde está Rubén Amílcar Farfán?Aproximación a su caso bajo la luz del Archivo de la Policía de Guatemala

Por Gabriela Grijalva Menéndez*

Registro Dossier de la Muerte o Diario Militar
¿Quién era Rubén Amílcar Farfán?- Who was Rubén Amílcar Farfán?. Crédito: Productora Armadillo, 2016

El conflicto armado que se vivió en Guatemala desde 1962 hasta 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, produjo a la población graves violaciones a la dignidad humana como lo fueron las masacres, las desapariciones forzadas, tierra arrasada, violaciones sexuales, tortura, entre otros muchos elementos que dañaron el tejido social de la sociedad y comunidades guatemaltecas.

            El caso del Diario Militar, es muy ilustrativo para comprobar la existencia de terrorismo de Estado y la persecución del enemigo interno por el delito de soñar con otra forma de vida, una forma equitativa que dignificara a las personas de nuestro país.

            El Diario Militar, “es un diario de la Inteligencia militar guatemalteca, que consigna información de personas capturadas y desaparecidas forzosamente durante el gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores” (FMM, 2013 B: 5). En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció como verdadero el documento y sentenció al Estado de Guatemala a resarcir a las víctimas no sólo económicamente, sino brindar apoyo psicológico a los familiares de los desaparecidos y hacer esfuerzos para la conmemoración de las personas, entre estas la realización de un documental.

            El estudio del caso del Diario Militar es fundamental para la reconstrucción histórica del conflicto armado y para darnos cuenta de que cuando hablamos de víctimas, debemos evitar pensar únicamente en cifras y detenernos a analizar que cada uno de los desparecidos tenía una familia, una profesión y una vida lo cual hace indispensable buscar justicia y conmemorar su lucha. Cualquiera fuera el pensamiento que llevo a estas personas a organizarse y a levantar su voz, les costó la vida a manos de la violencia de Estado; un Estado que mata a sus ciudadanos para mantener las relaciones desiguales de producción.

Este fue el caso de la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán, quién estuvo organizado en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) luchando por la dignidad y equidad de los guatemaltecos, a la cual nos acercamos a partir de información obtenida en el Archivo Nacional de la Policía.

Rubén Amílcar Farfán

Rubén Amílcar Farfán fue desaparecido el día 15 de mayo de 1984 en la zona 1 de la ciudad de Guatemala a los 40 años. Amílcar estudio para maestro de educación primaria y continuó con la carrera de literatura en la universidad. Posteriormente trabajó en la Editorial Universitaria y era miembro del sindicato de trabajadores de la Universidad de San Carlos.

Según familiares y testigos Farfán desapareció el 15 de mayo de 1984 luego de salir de la imprenta universitaria. Al día siguiente, hombres armados se presentaron en la casa de la familia informando que Rubén Amílcar había sido capturado en la universidad. Un miembro de la inteligencia militar atestiguó ante la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala haber visto a Rubén Amílcar Farfán, y que “fue llevad[o] a las instalaciones del DIT […] y posteriormente trasladad[o …] a la antigua Escuela Politécnica […], donde funcionaba la ‘sede de [c]ontrainteligencia’”. Asimismo, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala le habría asegurado a la familia que Rubén Amílcar estaba en poder del Ejército, la G-2 y el DIT (FMM, 2013).

No se hicieron esperar las búsquedas y los recursos de exhibición personal a su favor en la policía e instituciones del ejército, negándose siempre su aprensión como podemos observar en esta carta, con fecha del 24 de octubre de 1985, localizada en el AHPN:

Con anterioridad, según la entrada 212, del archivo Amnistía Internacional de CIRMA, esta institución se pronuncia; Disappearence. Guatemala: Otto René Estrada Illescas, student of economycs. Amnesty; RubenAmilcarFarfán, student of sociology, International Urgent Action.24 de mayo de 1984. 2 folios (AL, C3, No. 212).

En la documentación obtenida en el AHPN se observa que es negada varias veces su aprehensión, sin embargo, existe evidencia del seguimiento que se realizaba hacía Amílcar Farfán y por otro lado que las instituciones gubernamentales se interrelacionaban unas con otras para obtener información de los “enemigos internos”.

Si bien, no contiene encabezado ni fecha, es notorio el seguimiento pues se ha clasificado a las personas según su lugar de trabajo y asociaciones a las que pertenecen, colocando incluso el significado se sus siglas; apareciendo Farfán como trabajador de caminos. Así mismo en la siguiente carta con fecha del 8 de julio de 1984 (AHPN) se solicita duplicados de fotografía y direcciones de una serie de personas incluyendo a Amílcar en el numeral 35. No tiene encabezado por lo cual no se puede saber a qué instancia gubernamental se le solicita la información, sin embargo, al revisar otros documentos similares a éste se observó que era a instituciones como Finanzas.

En el AHPN también se localizó una fotografía de periódico de Amílcar Farfán, con lo cual seguimos confirmando que fue vigilado por esta institución.

En la entrada 134 del Diario Militar se afirma que su seudónimo era Vila y que fue capturado en la 12 avenida y 9 calle de la zona 1. Llama la atención que se refiere a que fue localizado y al oponer resistencia se asesinó (300 es la forma de indicar la muerte del capturado). Ello contradice la declaración del agente de inteligencia que declaró ante el Arzobispado que fue trasladado a la Dirección de Investigaciones Técnicas (DIT) y a la Antigua Escuela Politécnica. Sin embargo, sus restos no aparecieron.

            Rubén Amílcar Farfán fue un hombre que lucho por sus ideales y conciencia social que lo llevaron a organizarse en el PGT lo cual requería de mucho valor y convicción; su familia aún lo busca y su corazón grita ¿dónde esta Rubén?, necesitan sus restos para cerrar su luto y tortura psicológica, pero sobre todo claman por justicia.

Bibliografía

Archivo Histórico de la Policía Nacional. Documentos de archivo solicitados en 2017. Formato

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del Silencio. UNOPS. Guatemala, 1999.

Fundación de Antropología Forense (FAFG). En: http://www.fafg.org/bd/ficha_caso.php?cual=223

Fundación Myrna Mack (A) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Diario Militar. Guatemala, 2013.

Fundación Myrna Mack (B) El Diario Militar: rastros de la verdad. Guatemala, 2013

Fundación Myrna Mack (D) Declaraciones de Expertos ante la Corte Interamericana de derechos Humanos en el Caso Diario Militar. Guatemala, 2013

Vela, Manolo. Diario Militar, los ciudadanos y la Policía Nacional de Guatemala. Un análisis desde los papeles del Archivo Histórico de la Policía Nacional. En: Aportes para la verdad. FMM. Guatemala, 2013.

* Gabriela Grijalva Menéndez es Licenciada en Antropología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Maestra en Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Sus publicaciones más recientes son: “El Libro Negro del Comunismo en Guatemala (1954) como aproximación a la lucha de paradigmas de la categoría patria“, “Investigación de fuentes históricas para el documental “El tiempo de los ausentes”: El caso del Diario Militar“, “Aproximación a la propaganda comunista en Guatemala a principios del siglo XX“, entre otros.

CASO DIARIO MILITAR: Detenciones contra presuntos perpetradores

Por Juan Carlos Vázquez Medeles

El día 27 de mayo de 2021, el Titular del juzgado «B» de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, giró la orden de aprehensión contra, por lo menos, 11 personas. La disposición se debe a su posible involucramiento con el caso conocido como «Diario Militar», y se les acusa por delitos de lesa humanidad. Entre estos destacan los de desaparición forzada y asesinato cometidos entre 1983 y 1985 contra militantes de organizaciones político-militares, colaboradores o simpatizantes de éstas, durante el gobierno militar del general Óscar Humberto Mejía Víctores.

Los nombres que destacan en la cadena de mando son:

  1. El mayor de Infantería Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quien ocupó el cargo de Primer Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT).
  2. El general Marco Antonio González Taracena, Archivo-Centro Regional de Telecomunicaciones (agosto de 1983- enero de 1985).
  3. El teniente coronel Juan Francisco Cifuentes Cano, comandante del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.
  4. El general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, comandante de la Zona Militar no. 6, Puerto Barrios (junio de1984-febrero de 1986).

Además, se encuentran: José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza (Seudónimo«El Choco») que prestaban servicio en la Dirección de Inteligencia Militar. Asimismo, Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz (Seudónimo «El Miquillo», Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Rone René Lara, que lo hacían en el Estado Mayor Presidencial.

Su audiencia está programada para el 1º de junio en el Tribunal de Mayor Riesgo «B» en la Torre de Tribunales, a partir de las 9:00 horas.

Están ausentes otros nombres, en su mayoría por la muerte prematura que los alejó de los tribunales guatemaltecos, y que en la cadena de mando ocuparon los puestos más altos en la jerarquía militar como el mismo Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional: Mejía Víctores (agosto de 1983-enero de 1986) †; los jefes del Estado Mayor: el general Juan José Marroquín Siliezar (octubre de 1983-marzo de 1984) y el general Héctor Pablo Nuila Hub (marzo de 1984-junio de 1985) †; el coronel Byron Disrael Lima Estrada, Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (agosto de 1983-febrero de 1985) †. Asimismo, el Lic. Gustavo Adolfo López Sandoval, Ministro de Gobernación (agosto de 1983-enero de 1986) †; y quienes estaban a cargo de las dependencias policiacas como el coronel Héctor Rafael Bol de la Cruz,[1] director general de la Policía Nacional (agosto de 1983-junio de 1985), y el teniente coronel Mónico Antonio Cano Pérez, primer jefe del Centro de Operaciones Conjuntas (COCP) (mayo de 1982- junio de 1984) †.

Uno de los coroneles que llama mi atención es Juan Francisco Cifuentes Cano, quien en 1983 estaba a cargo del Comando de Operaciones Especiales (Quinto Cuerpo de la Policía). A su vez, del Batallón de Reacciones y Operaciones Especiales (BROE), que funcionó desde 1978 pero que se oficializó desde el 4 de enero de 1982. Posteriormente, en 1984 se le dio el cargo de Inspector General de la Policía Nacional, con ello, fue parte del mando superior de esta dependencia, así como, accedió a toda la información sobre las operaciones y el poder de decisión de cada uno de éstas. En 1985 ocupó el cargo de Sub jefe de la Policía Nacional.

¿Cuál es su relación con el llamado Diario Militar o Dossier de la Muerte?

Como se sabe, este documento registra el perfil y la situación de 183 personas detenidas entre agosto de 1983 y enero de 1985. A manera de bitácora, se detalla su filiación política, el lugar de detención, su muerte o lugar de prisión, entre otros detalles. La mayoría de quienes aparecen ahí, fueron víctimas de los operativos conjuntos entre varias dependencias de la Policía y el Ejército de Guatemala y sufrieron torturas, algunos pocos sobrevivieron y otros fueron desaparecidos. Una de estas dependencias que estuvieron al frente de las acciones represivas fue precisamente le BROE, a cargo de Cifuentes Cano.

Una de las organizaciones político-militares que sufrió esta embestida contrainsurgente, registrado en el documento, fue el Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC), a partir de la detención de Carlos Humberto Quinteros García (Miguel o el Hombre Lobo),[2] el día 9 de octubre de 1983, quien entregó recursos materiales y a sus antiguos compañeros de militancia. Dos días después de su aprehensión, el día 11 de octubre, la prensa publicó que este Batallón había descubierto tres casas de seguridad, llamadas “casas del pueblo”, pertenecientes a organizaciones político-militares en el municipio de Villa Nueva.

Portada Diario EL Gráfico, 11 de octubre de 1983.

Una de ellas ubicada en el lote 170, manzana 8, Sector A de la colonia Eterna Primavera, la cual contaba con un berretín para resguardar a los secuestrados. Ésta se le atribuyó al Ejército Guerrillero de los Pobres por la propaganda y la literatura expuesta a los medios de comunicación después del cateo. Una segunda casa ubicada, en el lote 112, manzana 1, 7a Avenida y 2a Calle de la colonia San Simón, se le atribuyó al Partido Guatemalteco del Trabajo. Y la tercera, también atribuida al PGT, estaba ubicada en el lote 10, 8a Calle y 9a Avenida de la colonia La Felicidad, la cual fue devuelta a su dueña por el secretario del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.

Prensa Libre, 11 de octubre de 1983.

Días después, empezaron a caer detenidos o asesinados militantes del PGT, y el 22 de octubre, inició la persecución sistemática contra miembros del PGT-PC, como muestra el siguiente cuadro:

        
#NombreSeudónimoFecha de capturaFecha de decesoDiario MilitarAutenticidadCaso No. 12.590
01Carlos Humberto Quinteros García“Miguel”, “Hombre Lobo”09 de octubre de 1983 Registro Z-10, p. 3.Caso 17, pp. 74-76.   
02Juan Matías Palacios“Joaquín”09 de octubre de 19837 de noviembre de 1983Registro Z-11, p. 3.  
03Héctor Rolando Valdez Guzmán“Guillermo”, “Tatu”09 de octubre de 19834 de enero de 1984Registro Z-12, p. 3.  
04Carlos Alfredo Fuentes González“Saúl”22 de octubre de 19839 de noviembre de 1983Registro Z-16, p. 4.  
05Orencio Sosa Calderón“Vicente”25 de octubre de 19837 de febrero de 1984Registro Z-17, p. 5.Caso 19, pp. 77-78.Caso 4.2., pp. 38-42.
06Oscar Leonel Velásquez Bautista“Luis”31 de octubre de 19837 de noviembre de 1983Registro Z-18, p. 5.  
07Benjamín Rolando Orantes Zelada“Fito”, “Vinicio”1 de noviembre de 19831 de noviembre de 1983Registro Z-23, p. 7.Caso 1, pp. 30-34. 
08Héctor Felipe Villegas Ramos“Rabito”14 de noviembre de 1983 Registro Z-24, p. 7.  
09Carlos Eugenio de León Gudiel“Daniel”15 de noviembre de 198326 de octubre de 1984Registro Z-25, p. 7.  
10Jorge Alfonso Gregorio Velásquez Soto“Roberto”28 de noviembre de 198321 de enero de 1984Registro Z-26, p. 8.Caso 20, pp. 78-79. 
11Jorge Alberto Chávez Vásquez“Manolo” 28 de noviembre de 1983Registro Z-27, p. 8.Caso 2, pp. 34-38. 
12Héctor Manuel de León Escobar“Omar” 28 de noviembre de 1983Registro Z-28, p. 8.Caso 3, pp. 34-38. 
13Carlos Rolando Penagos Arrecis“La Chocha”, “Claudio”, “Pancho”7 de diciembre de 1983 Registro Z-29, p. 9.  
14Oscar Eduardo Barillas Barrientos“Tono”21 de diciembre de 198321 de enero de 1984Registro Z-30, p. 9. Caso 4.3, pp. 42-44.
15Claudina Betzabe Salazar Barrera“Pino”, “Berta”23 de diciembre de 1983 Registro Z-31, p. 9.  
16Víctor Manuel Herrera Montenegro“Sergio”28 de diciembre de 1983 Registro Z-32, p. 9.  
17Carlos Guadalupe Herrera Montenegro“Armando”28 de diciembre de 198321 de enero de 1984Registro Z-33, p. 10.  
18Alma Lucrecia Osorio Bobadilla“Claudia”31 de diciembre de 19831 de agosto de 1984Registro Z-34, p. 10.Caso 21, pp. 79-80. 
19Evelia Girón Ruano“Gerundia”, “Rosa”3 de enero de 1984 Registro Z-35, p. 10.  
20Arnoldo Hernández García“Hugo”3 de enero de 1984 Registro Z-36, p. 10.  
21Víctor Manuel Sánchez Saj“Aníbal”12 de octubre de 19837 de noviembre de 1983Registro Z-38, p. 11.  
22Isabel Roche Reyes“Cruz”1 de enero de 1984 Registro Z-39, p. 11.  
23César Augusto Dávila Estrada“Néstor”4 de enero de 1984 Registro Z-40, p. 11.  
24José Porfirio Hernández Bonilla“Chus”, “Lucio”7 de enero de 198421 de enero de 1984Registro Z-41, p. 12. Caso 4.4, pp. 44-46.
25David Rauda Solares“Suriano”, “René”, “Raúl”21 de enero de 1984 Registro Z-48, p. 13.Caso 25, pp. 83-84. 
26Víctor Manuel Calderón Díaz“Pedro”23 de enero de 1984 Registro Z-49, p. 14.Caso 9, pp. 67-68.Caso 4.7, pp. 49-51.
27Mark Rolando Colindres Estrada“Byron”23 de enero de 1984 Registro Z-50, p. 14.Caso 10, pp. 68-69. 
28Héctor Manuel Méndez Carballo“Pedro”23 de enero de 1984 Registro Z-51, p. 14.  
29Prudencio de Jesús Carrera Camey“Satanás”21 de enero de 19847 de febrero de 1984Registro Z-52, p. 15.Caso 26, pp. 85-86. 
30Jorge Mauricio Gatica Paz“Canche”27 de enero de 198418 de mayo de 1984Registro Z-53, p. 15.  
31Miguel Ángel Reyes González“Joaquín”27 de enero de 19847 de febrero de 1984Registro Z-54, p. 15.  
32Antonio Ovando Sánchez“Rosales”2 de febrero de 1984 Registro Z-106, p. 32.  
33Cresencio Gómez López“Sulivan”23 de junio de 19841 de agosto de 1984Registro Z-158, p. 48. Caso 4.26, pp. 88-89.
34Arnoldo Rolando Guerra Castellanos“Gustavo”5 de enero de 1985 Registro Z-173, p. 53.  
Personas registradas como miembros del PGT-PC

La responsabilidad del coronel Juan Francisco Cifuentes Cano en el secuestro, tortura, vejación, ejecución y desaparición de los militantes del PGT-PC es alta y tiene la expectativa de una justa impartición de justicia en los tribunales de Guatemala. También se espera que el juicio traiga consigo la localización de las personas desaparecidas y con ello el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de las víctimas.

Documento firmado por el comandante del Quinto Cuerpo de la Policia, Juan Francisco Cifuentes Cano

El proceso de investigación inicio a la par del descubrimiento del documento militar en 1999. En diciembre de 2005 se interpuso una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso No. CDH-12.590/004, conocido también como «Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala». En el que se presentaron pruebas de la responsabilidad del Estado guatemalteco en la violación de distintos derechos humanos, ante la desaparición de 26 personas y la violación de los Derechos de los niños contra dos infantes. La sentencia se dictó el 20 de noviembre de 2012. Nueve años después, las detenciones realizadas el jueves 27 de mayo de 2021, permiten ver que el camino aún es largo, en un país donde la corrupción, el saqueo y la protección a los perpetradores de estos delitos han estado protegidos por las cúpulas de poder, pero sin duda, este es un gran paso en el que la autonomía de dichos tribunales, puede romper con la cadena de encubrimientos e impunidad.

            Si bien, los casos de las 28 víctimas[3] con las que se inició el proceso representan el 15% de las personas registradas en la bitácora militar, es posible anexar otros casos de los que se ha recopilado información, ya sea del propio Archivo Histórico de la Policía Nacional, como de otras dependencias de gobierno. El derecho a conocer la verdad y el acceso a la información de los familiares de las víctimas es una tarea que no se debe de menoscabar. En este sumario, las Ciencias Sociales pueden acompañar este trayecto. En el caso de la organización revolucionaria que hemos citado, se encuentra el libro: «Militantes Clandestinos. Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC)». El acercamiento histórico a estos eventos es de suma importancia para el proceso que se está desarrollando en estos momentos. Su lectura es necesaria e imprescindible. Lo que también implica el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996, que señalan el derecho a la verdad del pueblo de Guatemala, con respecto a las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia durante el Conflicto Armado Interno, a 25 años de conmemorarse este evento.

El martes 1o de junio de 2021, la Audiencia de primera declaración estaba programada para iniciar a la 9:00 horas. Sin embargo, los recursos que los defensores de los ex militares han usado en otros juicios se repiten. Es decir, se busca por diferentes medios retrasar dichas audiencias, no obstante se llevó a cabo, con la presencia de 6 sindicados al caso: José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virgilio de León Sigüenza, Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara y Jacobo Esdras Salán Sánchez quien llegó tras una citación y se le giró su orden de aprehensión durante el proceso.

Imagen tomada del Facebook: Fandegua Guatemala

Por otra parte, la representación legal de otros seis sindicados argumentó la ausencia de Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Marco Antonio González Taracena, Juan Francisco Cifuentes Cano, Víctor Augusto Vásquez Echeverría, Eliseo Barrios Soto, ubicado en Petén, y Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth que se encuentra en Cobán y fue el único que no presentó un abogado.

Esta defensa ocupó un largo tiempo en argumentaciones que pretendían retrasar el proceso, alegando derechos de los acusados que apelaban desde la inocencia, distintas enfermedades de sus clientes que los incapacitaba para enfrentar un juicio ante su deteriorada salud. Asimismo, el eje central fue la insuficiencia de tiempo para revisar los más de 21 mil documentos probatorios de su culpabilidad, estos divididos en pruebas generales y pruebas individuales, que varía en cada uno de los casos ante los delitos que se les imputan. La ausencia de los acusados, planteó la posibilidad de proseguir las siguientes audiencias con el apoyo de las herramientas tecnológicas que se empezaron a utilizar durante la actual crisis sanitaria, es decir, a través de videoconferencias.

La actuación del juez Galvéz Aguilar fue objetiva, imparcial y desestimó las peticiones de la defensa, que iban desde la interrupción temporal de las audiencias, traslados a la prisión Mariscal Zavala o arrestos domiciliarios, la mayoría de estos alegando la edad avanzada de los ex militares, por lo que se les hará un chequeó médico por médicos forenses que evaluarán la pertinencia de las medidas que se decidan tomar.

El martes 2 de junio a partir de las 8:00 horas continuará la audiencia en la Fiscalía de Derechos Humanos y casos de alto impacto, para dar a conocer las imputaciones a cada uno de los implicados en el caso.


[1] En septiembre de 2013 se le condenó a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Edgar Fernando García

[2] Registro Z-10, núm. 10: Carlos Humberto Quinteros García, (s) Comandante Miguel. Nombre falso: Manuel Rolando Marroquín Pérez, estudiante, miembro de la Comil-PGT, creador de la Unidad Militar de Solidaridad (UMS), 09-10-83. Fue capturado en un bar de la Zona 11, frente a los campos del Roosevelt. Bar Manaque, intelectual del secuestro de Pedro Julio García, 3. p. 3

[3] Lista de víctimas en el caso 12.590/004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la siguiente:

  1. Alfonso Alvarado Palencia.
  2. Álvaro Zacarías Calvo Pérez.
  3. Amancio Samuel Villatoro.
  4. Otto René Estrada Illescas
  5. Carlos Guillermo Ramírez Gálvez.
  6. Crescencio Gómez López.
  7. Félix Estrada Mejía.
  8. Joaquín Rodas Andrade.
  9. José Miguel Gudiel Álvarez.
  10. José Porfirio Hernández Bonilla.
  11. Juan Pablo Armira López.
  12. Julio Alberto Estrada Illescas.
  13. Lesbia Lucrecia García Escobar.
  14. Luis Rolando Peñate Lima.
  15. Luz Haydeé Méndez Calderón.
  16. Manuel Ismael Salanic Chiguil.
  17. María Quirina Armira López.
  18. Moisés Canales Godoy.
  19. Octavio René Guzmán Castañeda.
  20. Orencio Sosa Calderón.
  21. Óscar Eduardo Barillas Barrientos.
  22. Rubén Amílcar Farfán.
  23. Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.
  24. Sergio Leonel Alvarado Arévalo.
  25. Sergio Saúl Linares Morales.
  26. Víctor Manuel Calderón Díaz.
  27. Wendy Santizo Méndez.
  28. Zoilo Canales Salazar.

¿Montoneros o la Triple A? La polémica actual en torno al asesinato de Carlos Mugica

Carlos Fernando López de la Torre*

El 11 de mayo de 1974, el padre Carlos Mugica era asesinado por una ráfaga de ametralladora después de oficiar una misa en el barrio de Villa Luro, en la ciudad de Buenos Aires. Mugica era la figura más mediática del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), la principal experiencia de la iglesia posconciliar en Argentina y cuyos integrantes adoptaron la opción preferencial por los pobres como habitus militante. En el caso de Mugica, su compromiso social hacia los sectores populares más vulnerables lo llevó a ejercer su oficio sacerdotal en las villas de emergencia de Buenos Aires, en especial en la Villa 31 o Villa de Retiro, donde ayudó a levantar la Capilla del Cristo Obrero, como a organizar a la población villera en su lucha por mejorar las condiciones de vida de estos barrios carenciados.

Recientemente, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, publicó en sus redes sociales un recordatorio por el 47avo aniversario luctuoso del sacerdote, reconociendo en su persona un ejemplo a seguir por su convicción en torno al cuidado de los más necesitados.[1] Las reacciones no tardaron en aparecer, en su mayoría elogiando la figura de Mugica. Lo cierto es que varios comentarios evidenciaron la circulación en la opinión pública de un polémico planteamiento: la señalización de que la guerrilla peronista Montoneros fue la responsable del asesinato del padre. Por ejemplo, en uno se lee “Hace 47añs Montoneros le puso precio a la cabeza d Mugica. Arme el relato como más le convenga. Los q vivimos esa época, sabemos cómo fueron las cosas. La Orga se cargó al padre, x q les pidió dejar las armas”, mientras que otro refiere “Lo asesinaron sus propios compañeros y los tuyos: los de la organización clandestina peronista terrorista Montoneros”. Lo anterior a pesar de que está probado, histórica y judicialmente, que la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), el escuadrón de la muerte con mayor actividad durante el período constitucional peronista de los años setenta (1973-1976), fue quien perpetró el crimen.

¿A qué se debe esta interpretación de la historia? Creo que la “hipótesis montonera” suscribe a un revisionismo histórico de los años setenta cercano o que entrecruza con la llamada “memoria completa”, lectura crítica de la política oficialista de los derechos humanos durante el kirchnerismo (2003-2015) y que, en su contraposición a la memoria de las víctimas de la represión, reivindica a los “muertos por la subversión” e incurre, en no pocas ocasiones, en la justificación del terrorismo de Estado. Algunos de los representantes más conspicuos de esta “memoria completa”, como es el caso del periodista Ceferino Reato y el extitular de la Secretaría de Inteligencia Juan B. Yofre, también han sido abiertos defensores de la supuesta autoría montonera en el asesinato de Mugica o, por mínimo, de abandonarlo a su suerte para que la Triple A lo ejecutara. El trasfondo de esta acusación es la búsqueda de apropiación del capital simbólico del “cura de los pobres” en miras a deslegitimar y condenar la lucha armada de la guerrilla, a su criterio la principal responsable de la vorágine de violencia política que la sociedad argentina atravesó en la década de 1970.

El principal argumento sostenido por quienes atribuyen el crimen a la guerrilla fue el desencuentro que Mugica tuvo con Montoneros en sus últimas semanas de vida. En efecto, el sacerdote realizó agudos cuestionamientos a la continuidad de la lucha armada después de que el peronismo volvió al poder en 1973, los cuales lo fueron alejando de la simpatía montonera. Las divergencias se profundizaron a raíz del enfrentamiento entre Montoneros y Juan D. Perón, en el que los primeros demandaban al segundo compartir el liderazgo del movimiento peronista. Mugica mostró un respaldo total al presidente Perón y, en 1974, apoyó la conformación del grupo Lealtad, organización compuesta por disidentes de Montoneros y sus cuadros de superficie que refrendaban la verticalidad a Perón. Tales hechos ocasionaron que la guerrilla peronista se sintiera “traicionada” por un sacerdote que, aparentemente, había abandonado sus banderas de lucha y dividido el campo popular.[2] Este escenario es el que recuperan los adeptos de la “hipótesis montonera”, señalando que a Mugica lo mataron los Montoneros como castigo por sus actos contrarios a la guerrilla.   

El problema y principal crítica que exige esta interpretación es que se trata de una lectura que manipula la historia a conveniencia del discurso de la “memoria completa”, omitiendo o, en el mejor de los casos, desplazado a un segundo término hechos y evidencias que corroboran la responsabilidad de la Triple A en el crimen. Paralelamente a las tensiones con Montoneros, Mugica protagonizó un conflicto personal con José López Rega, titular del Ministerio de Bienestar Social y fundador de la Triple A. El nodo de las desavenencias fueron sus posturas contrapuestas respecto a la política a implementar en las villas de emergencia. Si bien ambos eran partidarios de la reubicación de sus habitantes, Mugica abogaba por un plan cooperativo que involucrara a los villeros en la edificación de sus nuevas viviendas, mientras López Rega pretendió reducirlos a un estado clientelar. La tensión aumentó cuando el ministro acusó al sacerdote de haber estafado al gobierno con varios millones de pesos que le habían sido entregados para apoyar a los villeros y de los que supuestamente no rindió cuentas. La respuesta de Mugica fue contundente: demostró en que se gastó el dinero y, además, se refirió a López Rega como un individuo necesitado de “adulación y servilismo”.[3]

A finales de 1973, Mugica empezó a recibir amenazas de muerte. La más conocida fue la emitida en las páginas de El Caudillo de la Tercera Posición, revista considerada vocero ideológico de la Triple A y de otros sectores anticomunistas de la derecha peronista, en donde se le acusó de adoctrinar mentes cristinas al servicio del marxismo, en alusión implícita a los jóvenes católicos que fundaron Montoneros y a quienes Mugica conoció tiempo antes de que incursionaran por el sendero de la lucha armada. En síntesis, el gran “pecado” del sacerdote era cargar con el estigma de “cura guerrillero”, por el cual debía ser castigado según El Caudillo:

“Hace algún tiempo también se le despertó a usted una inclinación sospechosa por los “guerrilleros”. […] hace un par de años nomás, protestaba públicamente su “inocencia” y decía a los tribunales de la “revolución argentina” que usted nada tenía que ver con “esos crímenes” de los que querían acusarlo… Ahora que las cosas han cambiado, usted ya no es tan “inocente” y se cobra los intereses de lo que ayer negaba. […] Y cuando voy a la iglesia, le voy a pedir a Dios no que haga desaparecer esas cosas, sino que me de fuerza para cambiar las que son cambiables, paciencia para las que no lo son y viveza para distinguir las unas de las otras. Y que me haga amar a mi prójimo, aunque sea oligarca, bolche o tercermundista. Porque soy cristiano y creo que el odio, ese odio, que me parece que usted atiza voluntaria o involuntariamente, es todo lo contrario de lo que enseñó Alguien que murió perdonando a los que lo mataron”.[4]

Sin embargo, la prueba más fehaciente de la autoría de la Triple A en el crimen de Mugica es el testimonio de Ricardo Capelli, el cual suele pasar desapercibido en la “hipótesis montonera”. Capelli era amigo y colaborador de Mugica en la Villa 31 y estuvo presente en el momento de su asesinato, logrando identificar al autor material de los disparos: Rodolfo Almirón, custodio personal de López Rega y actualmente conocido como uno de los miembros principales de la Triple A. De hecho, el comando que ejecutó a Mugica también intentó ultimar a Capelli aquel 11 de mayo de 1974, quien resultó gravemente herido. Al sobrevivir, fue objeto de un constante hostigamiento que se prolongó en los años siguientes, consistente en amenazas de muerte a su persona y familia, razón por la cual no pudo brindar su testimonio sino hasta la década de 1990.[5]

Más allá de la motivación personal de López Rega, la Triple A asesinó a Mugica con el objetivo de asestar un golpe político a Montoneros. Para mayo de 1974, el escuadrón todavía era desconocido para la mayoría de la población argentina. En cambio, era de conocimiento público los desencuentros entre Mugica y Montoneros. Tal situación fue aprovechada por la Triple A, que perpetró el crimen sin reivindicar su autoría para que las dudas y sospechas se dirigieran a la guerrilla peronista, en un momento sumamente delicado para su legitimidad en razón de su enfrentamiento con Perón (no resulta casual que el hecho de sangre aconteciera pocos días después de la “ruptura” entre Montoneros y Perón el 1 de mayo, cuando el general los expulsó de Plaza de Mayo acusándolos de “infiltrados” y “estúpidos imberbes”). En particular, se pretendió sembrar el rechazo a Montoneros entre los integrantes del MSTM y los sectores populares dolientes por la muerte del cura villero, cuestión que se logró con relativo éxito. Por ejemplo, los sacerdotes tercermundistas de Capital Federal y el conurbano bonaerense cortaron cualquier tipo de relación con la guerrilla peronista. En palabras de Roberto Perdía, exintegrante de la conducción nacional de Montoneros:

“[Con el asesinato de Mugica] mataron dos pájaros de un tiro: eliminan un factor de perturbación según su lógica y [nos] achacan su muerte como un enfrentamiento entre las fuerzas progresistas. […] Hechos como el de Mugica nos causaban prejuicios en dos planos: en la base propia, los sectores medio consolidados, las periferias de las fuerzas y en el conjunto del peronismo”.[6]

En resumen, se trató de un crimen orientado a difamar a Montoneros y restarle respaldo social. Sin embargo, el hecho de sangre sirvió también para la difamación del propio Mugica. La Triple A y otros actores de la derecha política recuperaron el estigma del “cura guerrillero” para cuestionar el status de mártir de las causas populares que le dieron los villeros. A través de una serie de afiches propagandísticos, el escuadrón condenó la reivindicación de la figura de Mugica, entendida como apología a la “subversión”, procediendo a justificar su muerte en razón a su supuesta inclinación por la violencia guerrillera. El afiche más explícito se emitió en el primer aniversario luctuoso de Mugica (mayo de 1975). En él se observa a un sacerdote caído al piso, en un charco de sangre y pisoteado por la silueta de un individuo encapuchado que porta una ametralladora. El marco textual reza “En vez de la cruz alzó la metralleta …pero cuando el padre Mugica arrepentido quiso volver a Cristo los montos lo mataron”. El “cura guerrillero” aparece en su plenitud y su muerte resulta providencial para ilustrar, en clave conservadora, lo vengativa que es la violencia insurgente con sus hijos arrepentidos. Es un llamado al orden desde la profanación de la memoria de Mugica, reducido al papel de apóstol de la violencia, por demás contrario a su historia de vida.

Fuente: “Cartel (43 x 32 cm.) de los Servicios-Triple A, pegado en la zona céntrica de Capital, Retiro y entradas Villa 31-Retiro, al año del asesinato de Carlos Mugica”, mayo de 1975, en Biblioteca Campus de la Universidad Católica de Córdoba, Colección Meisegeier, Archivo Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, caja 15, sobre 6, f. 41.

Guardando las distancias históricas, no deja de resultar llamativa la constante manipulación de la vida y muerte de Mugica por parte de actores o corrientes políticas de línea conservadora. Como se pretendió demostrar en estas líneas, la “hipótesis montonera” retoma ciertos hechos históricos y oblitera otros para adjudicar el asesinato a la guerrilla. Ahora, igual que siempre, resulta urgente desmontar estas interpretaciones que tergiversan nuestro conocimiento de la historia y, en especial, manipulan la memoria del padre Mugica, quien ofrendó su vida por los pobres y murió asesinado por la violencia paraestatal de la Triple A, no por los Montoneros.


* Carlos Fernando de la Torre es Doctorando en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Licenciado y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus principales líneas de investigación son el estudio de la represión contrainsurgente en América Latina durante la Guerra Fría y el estudio de las recepciones del conflicto árabe-israelí y la cuestión palestina en América Latina. Actualmente se desempeñó como profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Algunas de sus últimas publicaciones son: “El “núcleo duro” de los fascismos periféricos en América Latina“, “La Nueva OrganizaciónAnticomunista (NOA). Historia represiva de un escuadrón de la muerte paraestatal”, “Miguel Nazar Haro y la guerra sucia en México“, “El trabajo misional de fray Pedro de Gante en los inicios de la Nueva España“.

[1] Alberto Fernández (@alferdez), “Hace 47 años fue asesinado el padre Carlos Mugica. No le perdonaron el compromiso solidario que asumió con los más necesitados, quienes no tenían voz en aquella sociedad. Su ejemplo nos guía. Sus convicciones reafirman las nuestras. Un país más justo es aún una deuda por saldar”, 11 de mayo de 2021. Disponible en https://twitter.com/alferdez/status/1392177662798540806.

[2] De Biase, Martín, Entre dos fuegos. Vida y asesinato del padre Mugica, Buenos Aires, Editora Patria Grande, 2013, p. 285. 

[3] “Padre Mugica: rendí cuentas”, Mayoría, 30 de agosto de 1973, Buenos Aires, p. 5. 

[4] “¡Óigame, padre!”, El Caudillo de la Tercera Posición, año 1, núm. 4, 7 de diciembre de 1973, Buenos Aires, p. 10.

[5] Entrevista a Ricardo Capelli, realizada por Carlos Fernando López de la Torre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, agosto de 2018. 

[6] Entrevista a Roberto Perdía, realizada por Carlos Fernando López de la Torre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, septiembre de 2018.

Historia centroamericana (y latinoamericana) siglo XX

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