Juan Carlos Vázquez Medeles
Para Ernesto Guevara de la Serna las condiciones objetivas en Latinoamérica estaban dadas para hacer la Revolución social, el fracaso de la guerrilla de Ñancahuazú y la muerte de su comandante, plantearon la necesidad de implementar nuevas estrategias para hacerla realidad. En Guatemala, en los primeros años de la década de 1970, la reconfiguración de las organizaciones político-militares estimuló nuevamente el ímpetu por la construcción del socialismo a través de la vía armada. Primero, un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) inició clandestinamente la formación de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). En 1972, un contingente de la Nueva Organización Revolucionaria de Combate penetró desde México al Ixcán guatemalteco que, posteriormente, se convertiría en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Por su parte, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), es decir, el Partido Comunista de Guatemala intentaba desarrollar la Guerra Revolucionaria Popular y la consolidación de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El PGT fue la organización en la que militaron los comunistas desde 1949 y, a partir del triunfo contrarrevolucionario de 1954, lo hicieron en la clandestinidad. En 1960, durante su III Congreso, declararon que estaban en la disposición de utilizar “cualquier forma de lucha” e impulsaron el movimiento revolucionario. En 1962 crearon la Columna 20 de Octubre que penetró en el territorio de Baja Verapaz. La improvisación e inexperiencia de los veintitrés combatientes dio como resultado la desarticulación del grupo en un par de días. Meses más tarde, junto al Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, conformado por ex oficiales del Ejército y el Movimiento 12 de Abril — impulsado por jóvenes universitarios y de Educación media—, crearon las Fuerzas Armadas Rebeldes con las que enfrentarían al gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes para revertir el orden social, económico y político de Guatemala. Fue hasta 1969 que, en el proceso de autocrítica y evaluación del trabajo de los años previos, en su IV Congreso, optaron por el “camino armado de la revolución guatemalteca”, la cual sería antiimperialista, agraria y popular para dar paso al socialismo. No obstante, la estrategia contrainsurgente se incrementó en esos años, el principal objetivo fue destruir a la militancia del Partido. A mediados de 1972 fueron abatidos sus dos principales cuadros militares y, en septiembre de ese año, fueron aprehendidos y desaparecidos los miembros de su Comité Central. Dos años más tarde, su secretario general, Huberto Alvarado Arellano, fue asesinado en un operativo y asumió el cargo Ricardo Rosales Román, y en febrero de 1976, en medio del impacto material y humano que ocasionó un fuerte terremoto, se quitó la vida el antropólogo Joaquín Noval quien encabezaba el brazo armado del PGT. Las contradicciones internas y el trabajo desequilibrado de la dirección con la militancia, coadyuvó al debilitamiento de la línea militar que, al ser desestimado por el Comité Central, fomentó algunas disidencias como la Regional de Occidente que operaba en Quetzaltenango.
En este panorama se realizó un pleno ampliado, en el cual, desaparecieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y refundaron la Comisión Militar (COMIL)[1], supeditada al Comité Central, para reactivar el desarrollo de la Guerra Revolucionaria Popular. Esta Comisión inició un intenso trabajo de organización con sindicatos, campesinos y estudiantes universitarios. Además, realizó operativos contra miembros del ejército, políticos del Movimiento de Liberación Nacional (partido político de ultraderecha ligado a los escuadrones de la muerte) y agentes de la policía nacional que encabezaban la represión. Su actividad y presencia en los espacios de organización empezó a generar protagonismo que contrapunteó con el Comité Central, por lo que éste desconoció las acciones militares que se realizaron.
El 29 de mayo de 1978 se suscitó una de las primeras masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco contra la población. En la plaza principal de Panzós, Alta Verapaz, fueron asesinados aproximadamente cien pobladores de origen q´eqchi al exigir solución a los problemas de uso y propiedad de la tierra. Quince días después, el 14 de junio, la COMIL realizó una “acción de castigo” contra un convoy de la Policía Militar Ambulante. El estallido de una mina casera tipo claymore ocasionó la muerte de varios policías de manera calamitosa, por lo que el Comité Central del PGT desconoció nuevamente la acción y aceleró la separación de la Comisión Militar y de otro sector del Partido.
Esta escisión conformó una nueva organización, retomó las siglas, se nombró Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC) e inició la tarea de refundar el Partido. Continuó con la organización en la zona industrial de Amatitán, así como en la zona occidental del país y en la frontera cercana a la ciudad de Tapachula, Chiapas en México. Recibieron a un nutrido grupo que provenía de las FAR, difundieron su ideología a través de publicaciones periódicas clandestinas y prosiguieron con el ajusticiamiento de personajes ligados a los grupos represores legales e ilegales, como el secuestro de prominentes empresarios y miembros de la oligarquía para financiar el movimiento revolucionario. Impulsaron la unidad obrero-campesina y el concepto de la autodefensa pero, principalmente, retomaron el desarrollo de la Guerra Revolucionaria Popular. No obstante, el fortalecimiento de las acciones militares fue vertiginoso, pero no se enfocaron en la construcción de un cuerpo con la capacidad de enfrentar al Ejército, las contradicciones entre la dirección nacional, órgano colectivo para la toma de decisiones, se incrementaron y ocasionaron fricciones entre sus miembros.
Los miembros de la COMIL, como se les identificaba, lograron sobrevivir a los primeros años de la década de 1980, frente a los grandes operativos contrainsurgentes contra la guerrilla urbana. Mientras el EGP y ORPA sufrieron fuertes pérdidas en su logística y recursos materiales instalados en la Ciudad de Guatemala, la nueva organización comunista dirigió sus ataques contra quienes consideraron los responsables de la violencia: esbirros de la derecha política, anticomunistas, agentes del Ejército, perpetradores de crímenes de lesa humanidad y miembros de la oligarquía terrateniente, en operativos que llevo a cabo en el mismo terreno que controlaban las fuerzas represivas. Si las otras organizaciones se replegaron y limitaron sus actividades durante estos años, el PGT-PC aceleró su organización. No obstante, en octubre de 1983, uno de sus fundadores, ex dirigente y cuadro militar sobresaliente, Carlos Humberto Quinteros García, conocido por su seudónimo como Miguel o El Hombre Lobo, fue detenido en un restaurante- bar por fuerzas de seguridad del Estado, a las pocas horas entregó algunas casas de seguridad de la organización y, días después, a militantes de diferentes expresiones del Partido Guatemalteco del Trabajo.
La caída de Miguel originó una escalada de detenciones de revolucionarios guatemaltecos, muchos de ellos registrados en un documento producido por la institución castrense conocido como el Diario Militar. En él se registran ciento ochenta y tres personas, la mayoría asesinadas y desaparecidas; ciento cinco de ellas pertenecían a alguna expresión del Partido Guatemalteco del Trabajo, de las cuales, veintiuno al PGT-PC. La lectura del documento de la inteligencia militar da cuenta que en menos de seis meses la persecución sistemática contra el Partido fue intensa y con la intención de aniquilar su participación en el movimiento revolucionario. La COMIL fue prácticamente destruida, la mayoría de los miembros de la Dirección Nacional fue muerta o desaparecida, quienes sobrevivieron a los operativos del Ejército y del Batallón de Reacciones y Operaciones Especiales, comandado por el coronel Juan Francisco Cifuentes Cano y guiados por el militante comunista, Carlos Humberto Quinteros García, tuvieron que salir al exilio, desde donde terminó la actividad de la organización y empezó el camino de la supervivencia.
La experiencia de la COMIL es resultado del proceso de violencia política que inició en 1954, tras la dimisión de Jacobo Árbenz Guzmán y la instauración de un régimen que propició la coexistencia desde una lógica anticomunista. El proyecto revolucionario, desde el triunfo del Movimiento 26 de julio cubano, dio impulso a la guerra de guerrillas en Latinoamérica. Muchos jóvenes guatemaltecos fueron de los primeros en establecer relación con los cubanos para impulsar su propia revolución desde el inicio de la década de 1960. Las contradicciones en la interpretación de la línea ideológica, para desarrollar este objetivo, entre este proyecto continental y la postura de los Partidos Comunistas, también se reflejó en la actividad del PC guatemalteco. Por otro lado, el intercambio de conocimientos entre las dictaduras de la región en materia contrainsurgente, recrudecieron los mecanismos para combatir la subversión, lo que dio como resultado el asesinato y desaparición sistemática de los opositores al régimen.
El periodo en el cual operó el PGT-PC se enmarcó en los gobiernos militares más represivos de Guatemala. De los cuatro generales que gobernaron entre 1976 y 1984, dos de ellos fueron sometidos a tribunales de justicia por los crímenes cometidos durante su gestión. No obstante, las víctimas que se registran en el Diario Militar, no han encontrado justicia. Si bien, en 2005 algunas organizaciones iniciaron el litigio con el registro: “Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs Guatemala” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue hasta noviembre del 2012 que se emitió una sentencia que responsabilizó al Estado por los crímenes cometidos contra veintiséis personas registradas en el documento de inteligencia. Ocho años después, el Derecho a Conocer la Verdad y las medidas de reparación dictadas son ignorados por el Estado guatemalteco. El general Óscar Mejía Víctores libró el proceso que se le seguiría en 2011 al ser acusado por el delito de Genocidio, primero, por encontrarse prófugo y, posteriormente, al ser declarado incapacitado física y mentalmente para enfrentar el juicio. Cinco años después falleció sin enfrentar los cargos en su contra. En la actualidad, la Fiscalía de Derechos Humanos del país centroamericano mantiene el caso bajo reserva, no obstante, la descomposición de las instituciones y la incapacidad de impartir justicia que permea en los tribunales guatemaltecos son desalentadores para los familiares de las víctimas.
La participación del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista en el conflicto armado fue ejercida desde la convicción de transformar el orden establecido por las dictaduras militares, contrarrestar la violencia que dieron como resultado más de doscientos mil muertos y desaparecidos a manos del Estado y sus instituciones, a través de acciones legales e ilegales bajo el argumento del uso legítimo de la fuerza. Escudriñar en el proceso de sometimiento, desarticulación y aniquilamiento de esta organización, ayuda a conocer y comprender la lógica contrainsurgente durante el gobierno de Mejía Víctores. Asimismo, a discernir los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad que combatieron la subversión y que se registraron en el mencionado Diario Militar. El 29 de diciembre de este 2021, se cumplen veinticinco años de la Firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y, si bien, se ha juzgado y sentenciado a diversos perpetradores de crímenes de lesa humanidad y genocidio, es largo el camino por recorrer en la impartición de justicia a las víctimas y familiares. La investigación histórica y la jurisprudencia tienen que redoblar esfuerzos y trabajar en conjunto para impulsar la democratización que, en Guatemala, colisiona con las constantes crisis políticas que continúan develando la desigualdad, la pobreza, el racismo, la corrupción del Estado y el descontento social que polariza a la población guatemalteca.
[1] Este texto toma como referencia el libro del autor: Vázquez Medeles, Juan Carlos, Militantes clandestinos. Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC), Universidad Iberoamericana-Ciudad de México, México, 2019.