Durante el conflicto armado, uno de los principales objetivos de la estrategia contrainsurgente fue la destrucción del Partido Guatemalteco del Trabajo. En marzo de 1966 se desarrolló el primer operativo contra el Partido donde se contabilizaron más de 30 detenidos-desparecidos, militantes de distintas organizaciones revolucionarias activas en ese momento.
En 1972, dos días antes de celebrar el XXIII aniversario de la fundación del PGT, otro operativo por parte de grupos irregulares e ilegales, junto al trabajo del ejército, allanaron la casa de la militante Fantina Rodríguez Padilla, donde fue aprehendida junto al secretario general del partido Bernardo Alvarado Monzón y otros miembros del comité central, entre ellos: Hugo Barrios Klee, Mario Silva Jonáma, Carlos Alvarado Jerez, Carlos René Valle y Valle y Miguel Ángel Hernández. Además, de Natividad Santos y su hijo.
Dos meses más tarde, fue secuestrado el agente Abel Juárez Villatoro, vinculado a esta acción represiva. El mismo miembro de la Policía Nacional dio una lista de once involucrados en la desaparición de los militantes comunistas, entre ellos: Luis Enrique Ocaña Corzo, jefe de sección y jefe interino del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional. Así como, Germán de León Orellana, vinculado al consulado guatemalteco en México y otros de los que sólo recordó el apodo o el apellido.
A 50 años de la desaparición forzada de los miembros del Comité Central del PGT y de las militantes, la búsqueda de la verdad y justicia no ha logrado establecer su paradero. El Estado guatemalteco no se ha responsabilizado por estos hechos y tampoco ha establecido las vías para lograr esclarecer lo sucedido. Son 50 años de impunidad del régimen y de los perpetradores de estos crímenes.