Por Juan Carlos Vázquez Medeles

El día 27 de mayo de 2021, el Titular del juzgado «B» de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, giró la orden de aprehensión contra, por lo menos, 11 personas. La disposición se debe a su posible involucramiento con el caso conocido como «Diario Militar», y se les acusa por delitos de lesa humanidad. Entre estos destacan los de desaparición forzada y asesinato cometidos entre 1983 y 1985 contra militantes de organizaciones político-militares, colaboradores o simpatizantes de éstas, durante el gobierno militar del general Óscar Humberto Mejía Víctores.

Los nombres que destacan en la cadena de mando son:

1. El mayor de Infantería Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quien ocupó el cargo de Primer Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT).
2. El general Marco Antonio González Taracena, Archivo-Centro Regional de Telecomunicaciones (agosto de 1983- enero de 1985).
3. El teniente coronel Juan Francisco Cifuentes Cano, comandante del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.
4. El general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, comandante de la Zona Militar no. 6, Puerto Barrios (junio de1984-febrero de 1986).

Además, se encuentran: José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza (Seudónimo«El Choco») que prestaban servicio en la Dirección de Inteligencia Militar. Asimismo, Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz (Seudónimo «El Miquillo», Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Rone René Lara, que lo hacían en el Estado Mayor Presidencial.

Su audiencia está programada para el 1º de junio en el Tribunal de Mayor Riesgo «B» en la Torre de Tribunales, a partir de las 9:00 horas.

Están ausentes otros nombres, en su mayoría por la muerte prematura que los alejó de los tribunales guatemaltecos, y que en la cadena de mando ocuparon los puestos más altos en la jerarquía militar como el mismo Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional: Mejía Víctores (agosto de 1983-enero de 1986) †; los jefes del Estado Mayor: el general Juan José Marroquín Siliezar (octubre de 1983-marzo de 1984) y el general Héctor Pablo Nuila Hub (marzo de 1984-junio de 1985) †; el coronel Byron Disrael Lima Estrada, Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (agosto de 1983-febrero de 1985) †. Asimismo, el Lic. Gustavo Adolfo López Sandoval, Ministro de Gobernación (agosto de 1983-enero de 1986) †; y quienes estaban a cargo de las dependencias policiacas como el coronel Héctor Rafael Bol de la Cruz,[1] director general de la Policía Nacional (agosto de 1983-junio de 1985), y el teniente coronel Mónico Antonio Cano Pérez, primer jefe del Centro de Operaciones Conjuntas (COCP) (mayo de 1982- junio de 1984) †.

Uno de los coroneles que llama mi atención es Juan Francisco Cifuentes Cano, quien en 1983 estaba a cargo del Comando de Operaciones Especiales (Quinto Cuerpo de la Policía). A su vez, del Batallón de Reacciones y Operaciones Especiales (BROE), que funcionó desde 1978 pero que se oficializó desde el 4 de enero de 1982. Posteriormente, en 1984 se le dio el cargo de Inspector General de la Policía Nacional, con ello, fue parte del mando superior de esta dependencia, así como, accedió a toda la información sobre las operaciones y el poder de decisión de cada uno de éstas. En 1985 ocupó el cargo de Sub jefe de la Policía Nacional.

¿Cuál es su relación con el llamado Diario Militar o Dossier de la Muerte?

Como se sabe, este documento registra el perfil y la situación de 183 personas detenidas entre agosto de 1983 y enero de 1985. A manera de bitácora, se detalla su filiación política, el lugar de detención, su muerte o lugar de prisión, entre otros detalles. La mayoría de quienes aparecen ahí, fueron víctimas de los operativos conjuntos entre varias dependencias de la Policía y el Ejército de Guatemala y sufrieron torturas, algunos pocos sobrevivieron y otros fueron desaparecidos. Una de estas dependencias que estuvieron al frente de las acciones represivas fue precisamente le BROE, a cargo de Cifuentes Cano.

Una de las organizaciones político-militares que sufrió esta embestida contrainsurgente, registrado en el documento, fue el Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC), a partir de la detención de Carlos Humberto Quinteros García (Miguel o el Hombre Lobo),[2] el día 9 de octubre de 1983, quien entregó recursos materiales y a sus antiguos compañeros de militancia. Dos días después de su aprehensión, el día 11 de octubre, la prensa publicó que este Batallón había descubierto tres casas de seguridad, llamadas “casas del pueblo”, pertenecientes a organizaciones político-militares en el municipio de Villa Nueva.

Una de ellas ubicada en el lote 170, manzana 8, Sector A de la colonia Eterna Primavera, la cual contaba con un berretín para resguardar a los secuestrados. Ésta se le atribuyó al Ejército Guerrillero de los Pobres por la propaganda y la literatura expuesta a los medios de comunicación después del cateo. Una segunda casa ubicada, en el lote 112, manzana 1, 7a Avenida y 2a Calle de la colonia San Simón, se le atribuyó al Partido Guatemalteco del Trabajo. Y la tercera, también atribuida al PGT, estaba ubicada en el lote 10, 8a Calle y 9a Avenida de la colonia La Felicidad, la cual fue devuelta a su dueña por el secretario del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.

Días después, empezaron a caer detenidos o asesinados militantes del PGT, y el 22 de octubre, inició la persecución sistemática contra miembros del PGT-PC, como muestra el siguiente cuadro:

#	Nombre	Seudónimo	Fecha de captura	Fecha de deceso	Diario Militar	Autenticidad	Caso No. 12.590
01	Carlos Humberto Quinteros García	“Miguel”, “Hombre Lobo”	09 de octubre de 1983		Registro Z-10, p. 3.	Caso 17, pp. 74-76.
02	Juan Matías Palacios	“Joaquín”	09 de octubre de 1983	7 de noviembre de 1983	Registro Z-11, p. 3.
03	Héctor Rolando Valdez Guzmán	“Guillermo”, “Tatu”	09 de octubre de 1983	4 de enero de 1984	Registro Z-12, p. 3.
04	Carlos Alfredo Fuentes González	“Saúl”	22 de octubre de 1983	9 de noviembre de 1983	Registro Z-16, p. 4.
05	Orencio Sosa Calderón	“Vicente”	25 de octubre de 1983	7 de febrero de 1984	Registro Z-17, p. 5.	Caso 19, pp. 77-78.	Caso 4.2., pp. 38-42.
06	Oscar Leonel Velásquez Bautista	“Luis”	31 de octubre de 1983	7 de noviembre de 1983	Registro Z-18, p. 5.
07	Benjamín Rolando Orantes Zelada	“Fito”, “Vinicio”	1 de noviembre de 1983	1 de noviembre de 1983	Registro Z-23, p. 7.	Caso 1, pp. 30-34.
08	Héctor Felipe Villegas Ramos	“Rabito”	14 de noviembre de 1983		Registro Z-24, p. 7.
09	Carlos Eugenio de León Gudiel	“Daniel”	15 de noviembre de 1983	26 de octubre de 1984	Registro Z-25, p. 7.
10	Jorge Alfonso Gregorio Velásquez Soto	“Roberto”	28 de noviembre de 1983	21 de enero de 1984	Registro Z-26, p. 8.	Caso 20, pp. 78-79.
11	Jorge Alberto Chávez Vásquez	“Manolo”		28 de noviembre de 1983	Registro Z-27, p. 8.	Caso 2, pp. 34-38.
12	Héctor Manuel de León Escobar	“Omar”		28 de noviembre de 1983	Registro Z-28, p. 8.	Caso 3, pp. 34-38.
13	Carlos Rolando Penagos Arrecis	“La Chocha”, “Claudio”, “Pancho”	7 de diciembre de 1983		Registro Z-29, p. 9.
14	Oscar Eduardo Barillas Barrientos	“Tono”	21 de diciembre de 1983	21 de enero de 1984	Registro Z-30, p. 9.		Caso 4.3, pp. 42-44.
15	Claudina Betzabe Salazar Barrera	“Pino”, “Berta”	23 de diciembre de 1983		Registro Z-31, p. 9.
16	Víctor Manuel Herrera Montenegro	“Sergio”	28 de diciembre de 1983		Registro Z-32, p. 9.
17	Carlos Guadalupe Herrera Montenegro	“Armando”	28 de diciembre de 1983	21 de enero de 1984	Registro Z-33, p. 10.
18	Alma Lucrecia Osorio Bobadilla	“Claudia”	31 de diciembre de 1983	1 de agosto de 1984	Registro Z-34, p. 10.	Caso 21, pp. 79-80.
19	Evelia Girón Ruano	“Gerundia”, “Rosa”	3 de enero de 1984		Registro Z-35, p. 10.
20	Arnoldo Hernández García	“Hugo”	3 de enero de 1984		Registro Z-36, p. 10.
21	Víctor Manuel Sánchez Saj	“Aníbal”	12 de octubre de 1983	7 de noviembre de 1983	Registro Z-38, p. 11.
22	Isabel Roche Reyes	“Cruz”	1 de enero de 1984		Registro Z-39, p. 11.
23	César Augusto Dávila Estrada	“Néstor”	4 de enero de 1984		Registro Z-40, p. 11.
24	José Porfirio Hernández Bonilla	“Chus”, “Lucio”	7 de enero de 1984	21 de enero de 1984	Registro Z-41, p. 12.		Caso 4.4, pp. 44-46.
25	David Rauda Solares	“Suriano”, “René”, “Raúl”	21 de enero de 1984		Registro Z-48, p. 13.	Caso 25, pp. 83-84.
26	Víctor Manuel Calderón Díaz	“Pedro”	23 de enero de 1984		Registro Z-49, p. 14.	Caso 9, pp. 67-68.	Caso 4.7, pp. 49-51.
27	Mark Rolando Colindres Estrada	“Byron”	23 de enero de 1984		Registro Z-50, p. 14.	Caso 10, pp. 68-69.
28	Héctor Manuel Méndez Carballo	“Pedro”	23 de enero de 1984		Registro Z-51, p. 14.
29	Prudencio de Jesús Carrera Camey	“Satanás”	21 de enero de 1984	7 de febrero de 1984	Registro Z-52, p. 15.	Caso 26, pp. 85-86.
30	Jorge Mauricio Gatica Paz	“Canche”	27 de enero de 1984	18 de mayo de 1984	Registro Z-53, p. 15.
31	Miguel Ángel Reyes González	“Joaquín”	27 de enero de 1984	7 de febrero de 1984	Registro Z-54, p. 15.
32	Antonio Ovando Sánchez	“Rosales”	2 de febrero de 1984		Registro Z-106, p. 32.
33	Cresencio Gómez López	“Sulivan”	23 de junio de 1984	1 de agosto de 1984	Registro Z-158, p. 48.		Caso 4.26, pp. 88-89.
34	Arnoldo Rolando Guerra Castellanos	“Gustavo”	5 de enero de 1985		Registro Z-173, p. 53.

La responsabilidad del coronel Juan Francisco Cifuentes Cano en el secuestro, tortura, vejación, ejecución y desaparición de los militantes del PGT-PC es alta y tiene la expectativa de una justa impartición de justicia en los tribunales de Guatemala. También se espera que el juicio traiga consigo la localización de las personas desaparecidas y con ello el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de las víctimas.

El proceso de investigación inicio a la par del descubrimiento del documento militar en 1999. En diciembre de 2005 se interpuso una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso No. CDH-12.590/004, conocido también como «Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala». En el que se presentaron pruebas de la responsabilidad del Estado guatemalteco en la violación de distintos derechos humanos, ante la desaparición de 26 personas y la violación de los Derechos de los niños contra dos infantes. La sentencia se dictó el 20 de noviembre de 2012. Nueve años después, las detenciones realizadas el jueves 27 de mayo de 2021, permiten ver que el camino aún es largo, en un país donde la corrupción, el saqueo y la protección a los perpetradores de estos delitos han estado protegidos por las cúpulas de poder, pero sin duda, este es un gran paso en el que la autonomía de dichos tribunales, puede romper con la cadena de encubrimientos e impunidad.

            Si bien, los casos de las 28 víctimas[3] con las que se inició el proceso representan el 15% de las personas registradas en la bitácora militar, es posible anexar otros casos de los que se ha recopilado información, ya sea del propio Archivo Histórico de la Policía Nacional, como de otras dependencias de gobierno. El derecho a conocer la verdad y el acceso a la información de los familiares de las víctimas es una tarea que no se debe de menoscabar. En este sumario, las Ciencias Sociales pueden acompañar este trayecto. En el caso de la organización revolucionaria que hemos citado, se encuentra el libro: «Militantes Clandestinos. Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC)». El acercamiento histórico a estos eventos es de suma importancia para el proceso que se está desarrollando en estos momentos. Su lectura es necesaria e imprescindible. Lo que también implica el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996, que señalan el derecho a la verdad del pueblo de Guatemala, con respecto a las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia durante el Conflicto Armado Interno, a 25 años de conmemorarse este evento.

El martes 1o de junio de 2021, la Audiencia de primera declaración estaba programada para iniciar a la 9:00 horas. Sin embargo, los recursos que los defensores de los ex militares han usado en otros juicios se repiten. Es decir, se busca por diferentes medios retrasar dichas audiencias, no obstante se llevó a cabo, con la presencia de 6 sindicados al caso: José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virgilio de León Sigüenza, Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara y Jacobo Esdras Salán Sánchez quien llegó tras una citación y se le giró su orden de aprehensión durante el proceso.

Por otra parte, la representación legal de otros seis sindicados argumentó la ausencia de Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Marco Antonio González Taracena, Juan Francisco Cifuentes Cano, Víctor Augusto Vásquez Echeverría, Eliseo Barrios Soto, ubicado en Petén, y Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth que se encuentra en Cobán y fue el único que no presentó un abogado.

Esta defensa ocupó un largo tiempo en argumentaciones que pretendían retrasar el proceso, alegando derechos de los acusados que apelaban desde la inocencia, distintas enfermedades de sus clientes que los incapacitaba para enfrentar un juicio ante su deteriorada salud. Asimismo, el eje central fue la insuficiencia de tiempo para revisar los más de 21 mil documentos probatorios de su culpabilidad, estos divididos en pruebas generales y pruebas individuales, que varía en cada uno de los casos ante los delitos que se les imputan. La ausencia de los acusados, planteó la posibilidad de proseguir las siguientes audiencias con el apoyo de las herramientas tecnológicas que se empezaron a utilizar durante la actual crisis sanitaria, es decir, a través de videoconferencias.

La actuación del juez Galvéz Aguilar fue objetiva, imparcial y desestimó las peticiones de la defensa, que iban desde la interrupción temporal de las audiencias, traslados a la prisión Mariscal Zavala o arrestos domiciliarios, la mayoría de estos alegando la edad avanzada de los ex militares, por lo que se les hará un chequeó médico por médicos forenses que evaluarán la pertinencia de las medidas que se decidan tomar.

El martes 2 de junio a partir de las 8:00 horas continuará la audiencia en la Fiscalía de Derechos Humanos y casos de alto impacto, para dar a conocer las imputaciones a cada uno de los implicados en el caso.

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[1] En septiembre de 2013 se le condenó a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Edgar Fernando García

[2] Registro Z-10, núm. 10: Carlos Humberto Quinteros García, (s) Comandante Miguel. Nombre falso: Manuel Rolando Marroquín Pérez, estudiante, miembro de la Comil-PGT, creador de la Unidad Militar de Solidaridad (UMS), 09-10-83. Fue capturado en un bar de la Zona 11, frente a los campos del Roosevelt. Bar Manaque, intelectual del secuestro de Pedro Julio García, 3. p. 3

[3] Lista de víctimas en el caso 12.590/004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la siguiente:

1. Alfonso Alvarado Palencia.
2. Álvaro Zacarías Calvo Pérez.
3. Amancio Samuel Villatoro.
4. Otto René Estrada Illescas
5. Carlos Guillermo Ramírez Gálvez.
6. Crescencio Gómez López.
7. Félix Estrada Mejía.
8. Joaquín Rodas Andrade.
9. José Miguel Gudiel Álvarez.
10. José Porfirio Hernández Bonilla.
11. Juan Pablo Armira López.
12. Julio Alberto Estrada Illescas.
13. Lesbia Lucrecia García Escobar.
14. Luis Rolando Peñate Lima.
15. Luz Haydeé Méndez Calderón.
16. Manuel Ismael Salanic Chiguil.
17. María Quirina Armira López.
18. Moisés Canales Godoy.
19. Octavio René Guzmán Castañeda.
20. Orencio Sosa Calderón.
21. Óscar Eduardo Barillas Barrientos.
22. Rubén Amílcar Farfán.
23. Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.
24. Sergio Leonel Alvarado Arévalo.
25. Sergio Saúl Linares Morales.
26. Víctor Manuel Calderón Díaz.
27. Wendy Santizo Méndez.
28. Zoilo Canales Salazar.