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Caso Diario Militar: Final de Primera Audiencia e Iniciativa de Ley de Amnistia

Por Juan Carlos Vázquez Medeles

El día 9 de junio de 2021, después de siete jornadas de la Audiencia de primera instancia y de realizar el proceso iniciado desde el 27 de mayo pasado, cuando se dictó la orden de captura de once personas al tener sospecha fundada de su participación en el caso conocido como Diario Militar. El 2º de junio pasado, continuó con la demostración de indicios racionales, presentados por los querellantes y con el pequeño contradictorio, donde los abogados defensores presentaron sus argumentaciones de supuesta inocencia de sus patrocinados.

            Durante este periodo se presentaron una cantidad de indicios de responsabilidad al conformar estructuras clandestinas e ilegales, así como testimonios como el de Álvaro René Sosa Ramos, quien fue secuestrado y retenido en casas de seguridad clandestinas donde fue torturado y encarado con otros detenidos, hasta que logró escapar ingresando en la embajada de Bélgica y, posteriormente, exiliado en Canadá. Dicha declaración, considerada como parte de los indicios presentados, se ha tratado de rechazar -como la totalidad de los testimonios vertidos por víctimas y sus familiares- bajo argumentos de ser fabricado, inventado manipulado e inverosímil, principalmente por los años transcurridos desde los hechos narrados hasta la actualidad. La poca capacidad de investigación de los abogados y sus despachos es notoria, al no contrastar las diversas versiones que el mismo Sosa Ramos ha realizado desde su fuga y que coinciden en la forma que se presentó. Los medios de comunicación lo informaron desde el 14 de marzo de 1984, donde identifican a un vehículo Volvo con placas P-121721 como el transporte del cual escapó de sus captores.

            Posteriormente, en 1985, el Cuaderno 6 de Ciencia y Tecnología para Guatemala, titulado: «La tortura política en Guatemala», edita una de las primeras versiones públicas del hecho contra Sosa Ramos, el capítulo: «Un caso comprobado de tortura en Guatemala», concuerda con la narración presentada en distintas sesiones de la Audiencia, donde expresa que vio a Silvio Matricardi Salán y a Amancio Samuel Villatoro.

Se puntualizó que el documento llamado Diario Militar demuestra que los operativos realizados en contra de las personas registradas en él, no son hechos aislados, si no que se puede establecer una cadena sucesiva de sucesos, realizadas por los grupos élite que realizaron las detenciones, secuestros, torturas y desaparición. Además, estos delitos tuvieron efectos en los círculos familiares inmediatos de las víctimas, que conllevaron al desplazamiento forzado territorial por su seguridad. En este sentido, la representación del mandatario judicial de Wendy Santizo Méndez expuso la situación actual que vive, por lo cual, no fue posible su presencia física en las audiencias. Wendy, era una niña cuando enfrentó la detención y desaparición de sus padres, Marco Antonio Santizo Velázquez y Luz Haydee Méndez Calderón. Así también, se invitó a las víctimas presentes a participar, por lo que Paulo Estrada, hijo de Otto René Estrada Illescas y sobrino de Julio Alberto Estrada Illescas, tomó la palabra para hablar de las consecuencias de sus desapariciones. Expresó: -No me acuerdo de mi papá, pido justicia y le pido a las personas ¿Dónde los dejaron? Confiamos en esta investigación. Nos merecemos justicia y sobre todo que nos digan: ¿Dónde están?-.

            Por su parte, los abogados defensores iniciaron con la presentación de Zucelly Yolyzeth Manzanero Corzo, representante legal de Monterroso Villagrán. Dicha defensa técnico presentó argumentos que pretendieron rebatir los medios de convicción vinculatorios en los hechos imputados, alegando que no se establecieron tiempo, modo y lugar. Sin embargo, al expresar la presunta inocencia de su representado responsabilizó a Tarso de León Maldonado y a Edgar Eugenio Méndez López, con alias «Pepito el Malcriado» de los delitos en cuestión.

            Uno a uno presentó su defensa y exigieron que se estableciera la falta de mérito en las imputaciones, alegaron violaciones a los derechos humanos de sus patrocinados desde la prisión preventiva y el sufrimiento que eso les ha ocasionado tanto a ellos como a sus familiares. La descalificación de los indicios fue recurrente, con argumentos que se salieron de una defensa técnica, como la realizada por el abogado Otto Breithner Orozco González, representate legal de Edgar Virgilio de León Sigüenza. A manera de protesta, intentó desacreditar algunos peritajes bajo el señalamiento de que uno de ellos fue realizado por un ex miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios. El común fue la afirmación de la intervención extranjera con intereses particulares en el caso, además, de que se caracterizaron la acusaciones de investigaciones sensacionalistas, asimismo, de que se reconoció que existió un Conflicto Armado Interno en Guatemala y que hubo represión del Estado contra quienes consideró Enemigo Interno, a través de operativos que respondieron a las estrategias contrainsurgentes, pero que las deducciones de que los imputados, quienes estuvieron en servicio en diferentes estructuras encargadas de enfrentar la subversión, no eran suficientes para ligarlos al proceso.

            Sus intervenciones reprodujeron el discurso que ha manejado la derecha política en Guatemala, el cual, asegura que el documento conocido como Diario Militar es una invención de diferentes personas vinculadas a la izquierda armada de los años de enfrentamiento, sin mencionar los estudios realizados con anterioridad al documento y comprueban su autenticidad. Por un lado, cuestionan la manera en que se hizo público dicho documento, es decir, con la mediación de la archivista estadounidense Kate Doyle -analista del National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de los Estados Unidos- y un especialista del Ejército de Guatemala que sustrajo el Diario y se lo vendió por la cantidad de dos mil dólares.

            Se matiza en sus intervenciones la justificación de los actos punibles cometidos por los imputados. De la misma manera, tanto el discurso de odio como la apología y evasiva de los delitos es un reflejo que circula en las distintas redes sociales, que caracterizan a los acusados de «Héroes de Guerra». Asimismo, los medios de comunicación virtuales, se sirven de su espacio para difamar a las víctimas y ponderar las acciones represivas realizadas por el Ejército guatemalteco durante el Conflicto Armado Interno, como lo hace el programa Coyuntura Nacional de VEA Canal y conducido por Karina González de Rottmann, propietaria junto a su esposo Otto Rottman del medio. El 1º de junio, junto a su invitada Karen Marie Fischer Pivaral, quien se le ha conocido por asegurar que Marco Antonio Molina Theissen está vivo y que su juicio fue una farsa. Con el mismo discurso, intenta desacreditar la Audiencia de primera instancia y la culpabilidad de los ex integrantes del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El discurso de odio ha generado amenazas constantes hacía los familiares de las víctimas, hostigamiento e intimidaciones directas, como la realizada por José Daniel Monterroso Villagrán, quien se dirigió con palabras desafiantes a los abogados querellantes el final de la jornada.

Facebook: VEA Canal, 1o de junio de 2021.

            Estos recursos también aluden a que son hechos del pasado que ocurrieron hace 36 años por lo cual prescriben, agregan que sus clientes han olvidado y que eso no determina su participación en los hechos. Esto, a la par del proyecto de iniciativa de Decreto que intentan aprobar en el Congreso de la República, que fue enviado el día 3 de junio de 2021 por el Bloque legislativo del Partido Político VALOR, encabezado por el diputado Antonio Fernando Arenales Forno bajo el título de: «Ley de consolidación de la Paz y Reconciliación».[1] Como motivo principal, explica que:

«El que oficiales del Ejército, patrulleros civiles y otras personas que participaron en la lucha contrainsurgente, estén o hayan sido procesadas por delitos, que aún si ciertamente cometidos, estaban amnistiados o prescritos, constituye una grave violación a los Derechos Humanos. Que haya personas, que como consecuencia de esta violación a los Derechos Humanos, estén cumpliendo condenas o privados de libertad sujetos a procesos penales, hace que la violación a los Derechos Humanos sea continuada, sistemática y gravísima».

La iniciativa impulsada por el partido político liderado por Zury Ríos Sosa, hija del finado general Efraín Ríos Montt, acusado y sentenciado por Genocidio en 2013, desconoce acuerdos nacionales e internacionales relacionados a conflictos armados y desconoce el delito de genocidio. Con ello, se busca extinguir responsabilidades de los delitos cometidos durante el Enfrentamiento Armado Interno, que se anule toda sentencia, resolución o disposición realizada, en caso contrario, procesar al juez que contravenga la ley triplicando su sentencia. Su aprobación implicaría un retraso al acceso a la justicia y la verdad, el cual es un derecho de las víctimas y de sus familiares. La cooptación del Congreso y los tribunales de justicia, señalada por el juez Gálvez Aguilar, es una amenaza para que el proceso sea libre de obstáculos.

            Bajo este panorama y después de dos rectificaciones del juez de Mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, concretó la Audiencia de primera instancia con los siguientes resolutivos:

José Daniel Monterroso Villagrán (Seudónimo de «Lengüita»). Del Estado Mayor de la Defensa Nacional, se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Rubén Amílcar Farfán.

Edgar Virgilio de León Sigüenza (Seudónimo «El Choco»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Rubén Amílcar Farfán.

Enrique Cifuentes de la Cruz (Seudónimo «El Miquillo»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Rosa María Castillo Samayoa, Óscar Leonel Velásquez Bautista, Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco, Víctor René López Pérez, Arnulfo de Jesús López Pérez, Santiago Rodríguez Melgar. En agravio de Jorge Alfonso Gregorio Velázquez Soto, Marvin Girón Ruano o Héctor Manuel de León Escobar, en agravio de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, en agravio de Jorge Mauricio Gatica Paz, Julio César Pereira Vásquez y en agravio de Amancio Samuel Villatoro, Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos, Mario Enrique Chávez Ovalle y Silvio Matricardi Salán.

Jacobo Esdras Salán Sánchez. Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Amancio Samuel Villatoro, Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos, Mario Enrique Chávez Ovalle y Silvio Matricardi Salán. En agravio de Gustavo Adolfo Meza Soberanis y Mayra Janet Meza Soberanis.

Rone René Lara (Seudónimo «El Cañitas»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad en agravio de Álvaro René Sosa Ramos.

Edgar Corado Samayoa (Seudónimo «El Diablo»). Se dicta el auto de procesamiento por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra deberes de humanidad con relación a los agravios de Rosa María Castillo Samayoa, Óscar Leonel Velásquez Bautista, Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco, Víctor René López Pérez, Arnulfo de Jesús López Pérez y Santiago Rodríguez Melgar. Con relación en agravio de Jorge Alfonso Gregorio Velázquez Soto, Marvin Girón Ruano o Héctor Manuel de León Escobar, Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, Amancio Samuel Villatoro, Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos, Mario Enrique Chávez Ovalle y Silvio Matricardi Salán.

El día 10 de junio, el Ministerio Público y los abogados querellantes han solicitado la prisión preventiva de los ya ligados al proceso del caso. La gravedad de los delitos que trascienden a la víctima con un impacto social tanto nacional como internacional se suma el peligro de fuga de los detenidos, como ha sucedido en otros procesos realizados en los tribunales guatemaltecos. Se niegan las medidas sustitutivas, se mantiene la prisión preventiva y se establece un plazo máximo de investigación de 3 meses para presentar los medios de prueba al Ministerio Público el día 9 de septiembre de 2021, y se fija la audiencia de paz intermedia para el día 21 de septiembre de 2021 a las 9:00 horas.


[1] Iniciativa firmada por los diputados: Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, Antonio Fernando Arenales Forno, José Francisco Zamora Barillas, Efraín Menéndez Anguiano, Jose Luis Galindo de León, Gerardin Ariel Díaz Mazariegos, Leopoldo Salazar Samayoa, Estevan Rubén Barrios Galindo, Sergio Leonid Chacón Tarot,

Caso Diario Militar: Imputaciones a los ExMilitares

Por Juan Carlos Vázquez Medeles

Se tomó la decisión de hacer las imputaciones por grupo, ante la ausencia de algunos procesados y por la situación de crisis sanitaria.

La audiencia -del proceso 1004-1997-00002- que inició el lunes 1 de junio se ha extendido hasta el miércoles 3, en la Sala de sesiones del juzgado primero de primera instancia penal, Narcoactividad, Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, con Miguel Ángel Gálvez Aguilar como juez. También se contó con la presencia del Abogado Fiscal Giovanny del Río y abogados en representación de los grupos querellantes como la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).

Este primer grupo se conformó con los siguientes acusados:

José Daniel Monterroso Villagrán (Alias «Lengüita»), presente con su abogada Zucelly Yolyzeth Manzanero Corzo (Colegiado 30481). Tiene 73 años, originario de San José Pínula. Se autonombra agricultor. Trabajó 5 años en la Policía Militar Ambulante y posteriormente causó alta en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y alcanzó el grado de Sargento Mayor especialista, donde trabajó como oficinista 5 y conductor durante 27 años. A Monterroso, se le vincula con la detención y asesinato de Rubén Amílcar Farfán, registrado en el Diario Militar con el número 134, donde se anota que su detención se llevó a cabo el 15 de mayo de 1984 y posteriormente asesinado.

Edgar Virgilio de León Sigüenza (Alias «El Choco»), presente con su abogado Otto Breithner Orozco González (Colegiado 18555). Tiene 71 años, originario de Ollintepeque, Quetzaltenango. Oficinista. Trabajó en Estado Mayor de la Defensa Nacional durante 25 años. Actualmente se dedica a la seguridad ejecutiva. A de León Sigüenza se le vincula con la detención y asesinato de Rubén Amílcar Farfán y se le identifica como jefe del grupo A de la Dirección de Inteligencia, grupo que realizó operativos clandestinos e ilegales. Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar.

Enrique Cifuentes de la Cruz (Alias «El Miquillo» y «Gorilón»), presente con su abogado Juan Pablo Guzmán Muñoz (Colegiado 7031), Byron Giovanni Raymundo (Colegiado 7511) y Erick Path Ruiz Uz (Colegiado 31788). Tiene 63 años, originario de Champerico, Retalhuleu. Trabajó en el Estado Mayor Presidencial. Vinculado por lo menos en los casos de Marvin Girón Ruano (Registrado en el número 28 como Héctor Manuel de León Escobar) herido y detenido el 28 de noviembre de 1983; de Óscar Leonel Velásquez Bautista (Luis) el 31 de octubre de 1983 y ejecutado el 7 de noviembre de 1983; Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco (Marcos) detenido el 2 de noviembre de 1983; Santiago Rodríguez Melgar (Quique) detenido el 2 de noviembre de 1983 y ejecutado dos días después; Ana Lucrecia Osorio Bobadilla (Claudia), detenida el 31 de diciembre de 1983; Amancio Samuel Villatoro (Guillermo y René), detenido el 30 de enero de 1983 y ejecutado el 29 de marzo de 1984; Álvaro René Sosa Ramos (Richard), detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente; Mario Enrique Chávez Ovalle (Rubén), detenido el 12 de marzo de 1983, entre otros. Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar.

Rone René Lara (Alias «El Cañitas»), presente con su abogado José Carlos Guerra Aldana (Colegiado 26407). Tiene 74 años, originario de El Tejar, Chimaltenango. Actualmente se dedica a la agricultura. Dice que no trabajó en otro lado. Fue chofer de las estructuras ilegales y clandestinas del Estado Mayor y obtuvo el grado de Sargento Mayor segundo. Estuvo en servicio 17 años. Se le relaciona en la detención ilegal de Álvaro René Sosa Ramos (Richard), detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente, donde se le hirió. Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar. Dice no entender las imputaciones que se le hicieron y se abstuvo de declarar.

Jacobo Esdras Salán Sánchez, presente con su abogado Eddy Ronaldo Herrera López (Colegiado 13093). Tiene 67 años, originario de San Marcos. Fue cadete en la Escuela Politécnica. Llegó a Coronel de Infantería y Diplomado del Estado Mayor. Trabajó en el Estado Mayor de la Defensa Nacional Ejército. También fue parte de la Escuela Kaibil. Actualmente es comerciante. Vinculado a los casos de Ana Lucrecia Osorio Bobadilla (Claudia), detenida el 31 de diciembre de 1983; Amancio Samuel Villatoro (Guillermo y René), detenido el 30 de enero de 1983 y ejecutado el 29 de marzo de 1984; Álvaro René Sosa Ramos (Richard), detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente; Juan Pablo Armira López (Sergio), capturado el 10 de marzo de 1984 y enviado a Chimaltenango cuando contaba con 12 años de edad; Mario Enrique Chávez Ovalle (Rubén), aprehendido el 13 de marzo de 1984; Silvio Matricardi Salán (Comandante Patricio), capturado el 13 de marzo de 1984 y le dieron muerte, de Mayra Janet Meza Soberanis (China) y Gustavo Adolfo Meza Soberanis (Hugo o Sebastián).

Edgar Corado Samayoa, (Alias «El Diablo») presente con su abogado Francisco Javier Gallardo Samayoa (Colegiado 14457). Tiene 65 años, originario de la Aldea el Terrero, La Gomera, Escuintla. Se dedica a la agricultura. Integró las estructuras clandestinas de Ejército para operaciones clandestinas e ilegales. Vinculado en los casos de Amílcar Blandemiro Orozco y Orozco (Marcos) detenido el 2 de noviembre de 1983; Marvin Girón Ruano (Omar) herido y detenido el 28 de noviembre de 1983; Jorge Alfonso Gregorio Velásquez (Roberto) capturado el 29 de noviembre de 1983 y asesinado el 21 de enero de 1984; Álvaro René Sosa Ramos (Richard) detenido el 11 de marzo de 1983 y se escapó posteriormente; Mario Enrique Chávez Ovalle (Rubén), aprehendido el 13 de marzo de 1984; Amancio Samuel Villatoro (Guillermo y René), detenido el 30 de enero de 1983 y ejecutado el 29 de marzo de 1984; ; Juan Pablo Armira López (Sergio), capturado el 10 de marzo de 1984 y enviado a Chimaltenango cuando contaba con 12 años de edad; Silvio Matricardi Salán (Comandante Patricio), capturado el 13 de marzo de 1984 y le dieron muerte; Óscar Leonel Velásquez Bautista (Luis), aprehendido el 31 de octubre de 1983 y asesinado el 7 de noviembre de 1983; Santiago Rodríguez Melgar (Quique), capturado el 2 de noviembre de 1983 y asesinado el 4 de enero de 1984; Ana Lucrecia Osorio Bobadilla (Claudia), detenida el 31 de diciembre de 1983; Víctor René López Pérez (Luis), capturado el 2 de noviembre de 1983 y asesinado el 21 de enero de 1984; Arnulfo de Jesús López Pérez y Rosa María Castillo Samayoa (Ana). Ante las imputaciones que se le hicieron, se abstuvo de declarar.

Gustavo Adolfo Oliva Blanco, ausente por encontrarse en el Centro Médico Militar, su abogado Danilo Estuardo Sandoval Flores (Colegiado 10444), pasó lista y se retiró.

Las imputaciones de los cargos son abundantes, entre ellas se encuentran la detención de personas sin orden de juez competente, de manera ilegal, así como el ocultamiento del destino y paradero de personas o cadáveres, privación extrajudicialmente de la vida, tortura, interrogatorios a través de diferentes métodos tortura y tratos inhumanos y degradantes, violación sexual por condición de género, allanamientos de casa sin orden de juez competente, sustracción de bienes y objetos de valor; Operativos destinados a controlar, neutralizar y aniquilar a personas consideradas enemigo interno, ocultamiento de identidad del personal de las dependencias responsables, miembro de un sistema clandestino ilegal de inteligencia, reclusión de personas en centros clandestinos e ilegales de detención, Desplazamiento internacional de personas, catalogación de niños como enemigo interno, uso arbitrario de la fuerza, entre otros. Los cuales son considerados como delitos contra la humanidad.

¿Dónde está Rubén Amílcar Farfán?Aproximación a su caso bajo la luz del Archivo de la Policía de Guatemala

Por Gabriela Grijalva Menéndez*

Registro Dossier de la Muerte o Diario Militar
¿Quién era Rubén Amílcar Farfán?- Who was Rubén Amílcar Farfán?. Crédito: Productora Armadillo, 2016

El conflicto armado que se vivió en Guatemala desde 1962 hasta 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, produjo a la población graves violaciones a la dignidad humana como lo fueron las masacres, las desapariciones forzadas, tierra arrasada, violaciones sexuales, tortura, entre otros muchos elementos que dañaron el tejido social de la sociedad y comunidades guatemaltecas.

            El caso del Diario Militar, es muy ilustrativo para comprobar la existencia de terrorismo de Estado y la persecución del enemigo interno por el delito de soñar con otra forma de vida, una forma equitativa que dignificara a las personas de nuestro país.

            El Diario Militar, “es un diario de la Inteligencia militar guatemalteca, que consigna información de personas capturadas y desaparecidas forzosamente durante el gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores” (FMM, 2013 B: 5). En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció como verdadero el documento y sentenció al Estado de Guatemala a resarcir a las víctimas no sólo económicamente, sino brindar apoyo psicológico a los familiares de los desaparecidos y hacer esfuerzos para la conmemoración de las personas, entre estas la realización de un documental.

            El estudio del caso del Diario Militar es fundamental para la reconstrucción histórica del conflicto armado y para darnos cuenta de que cuando hablamos de víctimas, debemos evitar pensar únicamente en cifras y detenernos a analizar que cada uno de los desparecidos tenía una familia, una profesión y una vida lo cual hace indispensable buscar justicia y conmemorar su lucha. Cualquiera fuera el pensamiento que llevo a estas personas a organizarse y a levantar su voz, les costó la vida a manos de la violencia de Estado; un Estado que mata a sus ciudadanos para mantener las relaciones desiguales de producción.

Este fue el caso de la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán, quién estuvo organizado en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) luchando por la dignidad y equidad de los guatemaltecos, a la cual nos acercamos a partir de información obtenida en el Archivo Nacional de la Policía.

Rubén Amílcar Farfán

Rubén Amílcar Farfán fue desaparecido el día 15 de mayo de 1984 en la zona 1 de la ciudad de Guatemala a los 40 años. Amílcar estudio para maestro de educación primaria y continuó con la carrera de literatura en la universidad. Posteriormente trabajó en la Editorial Universitaria y era miembro del sindicato de trabajadores de la Universidad de San Carlos.

Según familiares y testigos Farfán desapareció el 15 de mayo de 1984 luego de salir de la imprenta universitaria. Al día siguiente, hombres armados se presentaron en la casa de la familia informando que Rubén Amílcar había sido capturado en la universidad. Un miembro de la inteligencia militar atestiguó ante la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala haber visto a Rubén Amílcar Farfán, y que “fue llevad[o] a las instalaciones del DIT […] y posteriormente trasladad[o …] a la antigua Escuela Politécnica […], donde funcionaba la ‘sede de [c]ontrainteligencia’”. Asimismo, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala le habría asegurado a la familia que Rubén Amílcar estaba en poder del Ejército, la G-2 y el DIT (FMM, 2013).

No se hicieron esperar las búsquedas y los recursos de exhibición personal a su favor en la policía e instituciones del ejército, negándose siempre su aprensión como podemos observar en esta carta, con fecha del 24 de octubre de 1985, localizada en el AHPN:

Con anterioridad, según la entrada 212, del archivo Amnistía Internacional de CIRMA, esta institución se pronuncia; Disappearence. Guatemala: Otto René Estrada Illescas, student of economycs. Amnesty; RubenAmilcarFarfán, student of sociology, International Urgent Action.24 de mayo de 1984. 2 folios (AL, C3, No. 212).

En la documentación obtenida en el AHPN se observa que es negada varias veces su aprehensión, sin embargo, existe evidencia del seguimiento que se realizaba hacía Amílcar Farfán y por otro lado que las instituciones gubernamentales se interrelacionaban unas con otras para obtener información de los “enemigos internos”.

Si bien, no contiene encabezado ni fecha, es notorio el seguimiento pues se ha clasificado a las personas según su lugar de trabajo y asociaciones a las que pertenecen, colocando incluso el significado se sus siglas; apareciendo Farfán como trabajador de caminos. Así mismo en la siguiente carta con fecha del 8 de julio de 1984 (AHPN) se solicita duplicados de fotografía y direcciones de una serie de personas incluyendo a Amílcar en el numeral 35. No tiene encabezado por lo cual no se puede saber a qué instancia gubernamental se le solicita la información, sin embargo, al revisar otros documentos similares a éste se observó que era a instituciones como Finanzas.

En el AHPN también se localizó una fotografía de periódico de Amílcar Farfán, con lo cual seguimos confirmando que fue vigilado por esta institución.

En la entrada 134 del Diario Militar se afirma que su seudónimo era Vila y que fue capturado en la 12 avenida y 9 calle de la zona 1. Llama la atención que se refiere a que fue localizado y al oponer resistencia se asesinó (300 es la forma de indicar la muerte del capturado). Ello contradice la declaración del agente de inteligencia que declaró ante el Arzobispado que fue trasladado a la Dirección de Investigaciones Técnicas (DIT) y a la Antigua Escuela Politécnica. Sin embargo, sus restos no aparecieron.

            Rubén Amílcar Farfán fue un hombre que lucho por sus ideales y conciencia social que lo llevaron a organizarse en el PGT lo cual requería de mucho valor y convicción; su familia aún lo busca y su corazón grita ¿dónde esta Rubén?, necesitan sus restos para cerrar su luto y tortura psicológica, pero sobre todo claman por justicia.

Bibliografía

Archivo Histórico de la Policía Nacional. Documentos de archivo solicitados en 2017. Formato

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del Silencio. UNOPS. Guatemala, 1999.

Fundación de Antropología Forense (FAFG). En: http://www.fafg.org/bd/ficha_caso.php?cual=223

Fundación Myrna Mack (A) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Diario Militar. Guatemala, 2013.

Fundación Myrna Mack (B) El Diario Militar: rastros de la verdad. Guatemala, 2013

Fundación Myrna Mack (D) Declaraciones de Expertos ante la Corte Interamericana de derechos Humanos en el Caso Diario Militar. Guatemala, 2013

Vela, Manolo. Diario Militar, los ciudadanos y la Policía Nacional de Guatemala. Un análisis desde los papeles del Archivo Histórico de la Policía Nacional. En: Aportes para la verdad. FMM. Guatemala, 2013.

* Gabriela Grijalva Menéndez es Licenciada en Antropología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Maestra en Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Sus publicaciones más recientes son: “El Libro Negro del Comunismo en Guatemala (1954) como aproximación a la lucha de paradigmas de la categoría patria“, “Investigación de fuentes históricas para el documental “El tiempo de los ausentes”: El caso del Diario Militar“, “Aproximación a la propaganda comunista en Guatemala a principios del siglo XX“, entre otros.

CASO DIARIO MILITAR: Detenciones contra presuntos perpetradores

Por Juan Carlos Vázquez Medeles

El día 27 de mayo de 2021, el Titular del juzgado «B» de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, giró la orden de aprehensión contra, por lo menos, 11 personas. La disposición se debe a su posible involucramiento con el caso conocido como «Diario Militar», y se les acusa por delitos de lesa humanidad. Entre estos destacan los de desaparición forzada y asesinato cometidos entre 1983 y 1985 contra militantes de organizaciones político-militares, colaboradores o simpatizantes de éstas, durante el gobierno militar del general Óscar Humberto Mejía Víctores.

Los nombres que destacan en la cadena de mando son:

  1. El mayor de Infantería Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quien ocupó el cargo de Primer Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT).
  2. El general Marco Antonio González Taracena, Archivo-Centro Regional de Telecomunicaciones (agosto de 1983- enero de 1985).
  3. El teniente coronel Juan Francisco Cifuentes Cano, comandante del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.
  4. El general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, comandante de la Zona Militar no. 6, Puerto Barrios (junio de1984-febrero de 1986).

Además, se encuentran: José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza (Seudónimo«El Choco») que prestaban servicio en la Dirección de Inteligencia Militar. Asimismo, Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz (Seudónimo «El Miquillo», Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Rone René Lara, que lo hacían en el Estado Mayor Presidencial.

Su audiencia está programada para el 1º de junio en el Tribunal de Mayor Riesgo «B» en la Torre de Tribunales, a partir de las 9:00 horas.

Están ausentes otros nombres, en su mayoría por la muerte prematura que los alejó de los tribunales guatemaltecos, y que en la cadena de mando ocuparon los puestos más altos en la jerarquía militar como el mismo Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional: Mejía Víctores (agosto de 1983-enero de 1986) †; los jefes del Estado Mayor: el general Juan José Marroquín Siliezar (octubre de 1983-marzo de 1984) y el general Héctor Pablo Nuila Hub (marzo de 1984-junio de 1985) †; el coronel Byron Disrael Lima Estrada, Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (agosto de 1983-febrero de 1985) †. Asimismo, el Lic. Gustavo Adolfo López Sandoval, Ministro de Gobernación (agosto de 1983-enero de 1986) †; y quienes estaban a cargo de las dependencias policiacas como el coronel Héctor Rafael Bol de la Cruz,[1] director general de la Policía Nacional (agosto de 1983-junio de 1985), y el teniente coronel Mónico Antonio Cano Pérez, primer jefe del Centro de Operaciones Conjuntas (COCP) (mayo de 1982- junio de 1984) †.

Uno de los coroneles que llama mi atención es Juan Francisco Cifuentes Cano, quien en 1983 estaba a cargo del Comando de Operaciones Especiales (Quinto Cuerpo de la Policía). A su vez, del Batallón de Reacciones y Operaciones Especiales (BROE), que funcionó desde 1978 pero que se oficializó desde el 4 de enero de 1982. Posteriormente, en 1984 se le dio el cargo de Inspector General de la Policía Nacional, con ello, fue parte del mando superior de esta dependencia, así como, accedió a toda la información sobre las operaciones y el poder de decisión de cada uno de éstas. En 1985 ocupó el cargo de Sub jefe de la Policía Nacional.

¿Cuál es su relación con el llamado Diario Militar o Dossier de la Muerte?

Como se sabe, este documento registra el perfil y la situación de 183 personas detenidas entre agosto de 1983 y enero de 1985. A manera de bitácora, se detalla su filiación política, el lugar de detención, su muerte o lugar de prisión, entre otros detalles. La mayoría de quienes aparecen ahí, fueron víctimas de los operativos conjuntos entre varias dependencias de la Policía y el Ejército de Guatemala y sufrieron torturas, algunos pocos sobrevivieron y otros fueron desaparecidos. Una de estas dependencias que estuvieron al frente de las acciones represivas fue precisamente le BROE, a cargo de Cifuentes Cano.

Una de las organizaciones político-militares que sufrió esta embestida contrainsurgente, registrado en el documento, fue el Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC), a partir de la detención de Carlos Humberto Quinteros García (Miguel o el Hombre Lobo),[2] el día 9 de octubre de 1983, quien entregó recursos materiales y a sus antiguos compañeros de militancia. Dos días después de su aprehensión, el día 11 de octubre, la prensa publicó que este Batallón había descubierto tres casas de seguridad, llamadas “casas del pueblo”, pertenecientes a organizaciones político-militares en el municipio de Villa Nueva.

Portada Diario EL Gráfico, 11 de octubre de 1983.

Una de ellas ubicada en el lote 170, manzana 8, Sector A de la colonia Eterna Primavera, la cual contaba con un berretín para resguardar a los secuestrados. Ésta se le atribuyó al Ejército Guerrillero de los Pobres por la propaganda y la literatura expuesta a los medios de comunicación después del cateo. Una segunda casa ubicada, en el lote 112, manzana 1, 7a Avenida y 2a Calle de la colonia San Simón, se le atribuyó al Partido Guatemalteco del Trabajo. Y la tercera, también atribuida al PGT, estaba ubicada en el lote 10, 8a Calle y 9a Avenida de la colonia La Felicidad, la cual fue devuelta a su dueña por el secretario del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.

Prensa Libre, 11 de octubre de 1983.

Días después, empezaron a caer detenidos o asesinados militantes del PGT, y el 22 de octubre, inició la persecución sistemática contra miembros del PGT-PC, como muestra el siguiente cuadro:

        
#NombreSeudónimoFecha de capturaFecha de decesoDiario MilitarAutenticidadCaso No. 12.590
01Carlos Humberto Quinteros García“Miguel”, “Hombre Lobo”09 de octubre de 1983 Registro Z-10, p. 3.Caso 17, pp. 74-76.   
02Juan Matías Palacios“Joaquín”09 de octubre de 19837 de noviembre de 1983Registro Z-11, p. 3.  
03Héctor Rolando Valdez Guzmán“Guillermo”, “Tatu”09 de octubre de 19834 de enero de 1984Registro Z-12, p. 3.  
04Carlos Alfredo Fuentes González“Saúl”22 de octubre de 19839 de noviembre de 1983Registro Z-16, p. 4.  
05Orencio Sosa Calderón“Vicente”25 de octubre de 19837 de febrero de 1984Registro Z-17, p. 5.Caso 19, pp. 77-78.Caso 4.2., pp. 38-42.
06Oscar Leonel Velásquez Bautista“Luis”31 de octubre de 19837 de noviembre de 1983Registro Z-18, p. 5.  
07Benjamín Rolando Orantes Zelada“Fito”, “Vinicio”1 de noviembre de 19831 de noviembre de 1983Registro Z-23, p. 7.Caso 1, pp. 30-34. 
08Héctor Felipe Villegas Ramos“Rabito”14 de noviembre de 1983 Registro Z-24, p. 7.  
09Carlos Eugenio de León Gudiel“Daniel”15 de noviembre de 198326 de octubre de 1984Registro Z-25, p. 7.  
10Jorge Alfonso Gregorio Velásquez Soto“Roberto”28 de noviembre de 198321 de enero de 1984Registro Z-26, p. 8.Caso 20, pp. 78-79. 
11Jorge Alberto Chávez Vásquez“Manolo” 28 de noviembre de 1983Registro Z-27, p. 8.Caso 2, pp. 34-38. 
12Héctor Manuel de León Escobar“Omar” 28 de noviembre de 1983Registro Z-28, p. 8.Caso 3, pp. 34-38. 
13Carlos Rolando Penagos Arrecis“La Chocha”, “Claudio”, “Pancho”7 de diciembre de 1983 Registro Z-29, p. 9.  
14Oscar Eduardo Barillas Barrientos“Tono”21 de diciembre de 198321 de enero de 1984Registro Z-30, p. 9. Caso 4.3, pp. 42-44.
15Claudina Betzabe Salazar Barrera“Pino”, “Berta”23 de diciembre de 1983 Registro Z-31, p. 9.  
16Víctor Manuel Herrera Montenegro“Sergio”28 de diciembre de 1983 Registro Z-32, p. 9.  
17Carlos Guadalupe Herrera Montenegro“Armando”28 de diciembre de 198321 de enero de 1984Registro Z-33, p. 10.  
18Alma Lucrecia Osorio Bobadilla“Claudia”31 de diciembre de 19831 de agosto de 1984Registro Z-34, p. 10.Caso 21, pp. 79-80. 
19Evelia Girón Ruano“Gerundia”, “Rosa”3 de enero de 1984 Registro Z-35, p. 10.  
20Arnoldo Hernández García“Hugo”3 de enero de 1984 Registro Z-36, p. 10.  
21Víctor Manuel Sánchez Saj“Aníbal”12 de octubre de 19837 de noviembre de 1983Registro Z-38, p. 11.  
22Isabel Roche Reyes“Cruz”1 de enero de 1984 Registro Z-39, p. 11.  
23César Augusto Dávila Estrada“Néstor”4 de enero de 1984 Registro Z-40, p. 11.  
24José Porfirio Hernández Bonilla“Chus”, “Lucio”7 de enero de 198421 de enero de 1984Registro Z-41, p. 12. Caso 4.4, pp. 44-46.
25David Rauda Solares“Suriano”, “René”, “Raúl”21 de enero de 1984 Registro Z-48, p. 13.Caso 25, pp. 83-84. 
26Víctor Manuel Calderón Díaz“Pedro”23 de enero de 1984 Registro Z-49, p. 14.Caso 9, pp. 67-68.Caso 4.7, pp. 49-51.
27Mark Rolando Colindres Estrada“Byron”23 de enero de 1984 Registro Z-50, p. 14.Caso 10, pp. 68-69. 
28Héctor Manuel Méndez Carballo“Pedro”23 de enero de 1984 Registro Z-51, p. 14.  
29Prudencio de Jesús Carrera Camey“Satanás”21 de enero de 19847 de febrero de 1984Registro Z-52, p. 15.Caso 26, pp. 85-86. 
30Jorge Mauricio Gatica Paz“Canche”27 de enero de 198418 de mayo de 1984Registro Z-53, p. 15.  
31Miguel Ángel Reyes González“Joaquín”27 de enero de 19847 de febrero de 1984Registro Z-54, p. 15.  
32Antonio Ovando Sánchez“Rosales”2 de febrero de 1984 Registro Z-106, p. 32.  
33Cresencio Gómez López“Sulivan”23 de junio de 19841 de agosto de 1984Registro Z-158, p. 48. Caso 4.26, pp. 88-89.
34Arnoldo Rolando Guerra Castellanos“Gustavo”5 de enero de 1985 Registro Z-173, p. 53.  
Personas registradas como miembros del PGT-PC

La responsabilidad del coronel Juan Francisco Cifuentes Cano en el secuestro, tortura, vejación, ejecución y desaparición de los militantes del PGT-PC es alta y tiene la expectativa de una justa impartición de justicia en los tribunales de Guatemala. También se espera que el juicio traiga consigo la localización de las personas desaparecidas y con ello el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de las víctimas.

Documento firmado por el comandante del Quinto Cuerpo de la Policia, Juan Francisco Cifuentes Cano

El proceso de investigación inicio a la par del descubrimiento del documento militar en 1999. En diciembre de 2005 se interpuso una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso No. CDH-12.590/004, conocido también como «Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala». En el que se presentaron pruebas de la responsabilidad del Estado guatemalteco en la violación de distintos derechos humanos, ante la desaparición de 26 personas y la violación de los Derechos de los niños contra dos infantes. La sentencia se dictó el 20 de noviembre de 2012. Nueve años después, las detenciones realizadas el jueves 27 de mayo de 2021, permiten ver que el camino aún es largo, en un país donde la corrupción, el saqueo y la protección a los perpetradores de estos delitos han estado protegidos por las cúpulas de poder, pero sin duda, este es un gran paso en el que la autonomía de dichos tribunales, puede romper con la cadena de encubrimientos e impunidad.

            Si bien, los casos de las 28 víctimas[3] con las que se inició el proceso representan el 15% de las personas registradas en la bitácora militar, es posible anexar otros casos de los que se ha recopilado información, ya sea del propio Archivo Histórico de la Policía Nacional, como de otras dependencias de gobierno. El derecho a conocer la verdad y el acceso a la información de los familiares de las víctimas es una tarea que no se debe de menoscabar. En este sumario, las Ciencias Sociales pueden acompañar este trayecto. En el caso de la organización revolucionaria que hemos citado, se encuentra el libro: «Militantes Clandestinos. Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC)». El acercamiento histórico a estos eventos es de suma importancia para el proceso que se está desarrollando en estos momentos. Su lectura es necesaria e imprescindible. Lo que también implica el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996, que señalan el derecho a la verdad del pueblo de Guatemala, con respecto a las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia durante el Conflicto Armado Interno, a 25 años de conmemorarse este evento.

El martes 1o de junio de 2021, la Audiencia de primera declaración estaba programada para iniciar a la 9:00 horas. Sin embargo, los recursos que los defensores de los ex militares han usado en otros juicios se repiten. Es decir, se busca por diferentes medios retrasar dichas audiencias, no obstante se llevó a cabo, con la presencia de 6 sindicados al caso: José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virgilio de León Sigüenza, Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara y Jacobo Esdras Salán Sánchez quien llegó tras una citación y se le giró su orden de aprehensión durante el proceso.

Imagen tomada del Facebook: Fandegua Guatemala

Por otra parte, la representación legal de otros seis sindicados argumentó la ausencia de Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Marco Antonio González Taracena, Juan Francisco Cifuentes Cano, Víctor Augusto Vásquez Echeverría, Eliseo Barrios Soto, ubicado en Petén, y Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth que se encuentra en Cobán y fue el único que no presentó un abogado.

Esta defensa ocupó un largo tiempo en argumentaciones que pretendían retrasar el proceso, alegando derechos de los acusados que apelaban desde la inocencia, distintas enfermedades de sus clientes que los incapacitaba para enfrentar un juicio ante su deteriorada salud. Asimismo, el eje central fue la insuficiencia de tiempo para revisar los más de 21 mil documentos probatorios de su culpabilidad, estos divididos en pruebas generales y pruebas individuales, que varía en cada uno de los casos ante los delitos que se les imputan. La ausencia de los acusados, planteó la posibilidad de proseguir las siguientes audiencias con el apoyo de las herramientas tecnológicas que se empezaron a utilizar durante la actual crisis sanitaria, es decir, a través de videoconferencias.

La actuación del juez Galvéz Aguilar fue objetiva, imparcial y desestimó las peticiones de la defensa, que iban desde la interrupción temporal de las audiencias, traslados a la prisión Mariscal Zavala o arrestos domiciliarios, la mayoría de estos alegando la edad avanzada de los ex militares, por lo que se les hará un chequeó médico por médicos forenses que evaluarán la pertinencia de las medidas que se decidan tomar.

El martes 2 de junio a partir de las 8:00 horas continuará la audiencia en la Fiscalía de Derechos Humanos y casos de alto impacto, para dar a conocer las imputaciones a cada uno de los implicados en el caso.


[1] En septiembre de 2013 se le condenó a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Edgar Fernando García

[2] Registro Z-10, núm. 10: Carlos Humberto Quinteros García, (s) Comandante Miguel. Nombre falso: Manuel Rolando Marroquín Pérez, estudiante, miembro de la Comil-PGT, creador de la Unidad Militar de Solidaridad (UMS), 09-10-83. Fue capturado en un bar de la Zona 11, frente a los campos del Roosevelt. Bar Manaque, intelectual del secuestro de Pedro Julio García, 3. p. 3

[3] Lista de víctimas en el caso 12.590/004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la siguiente:

  1. Alfonso Alvarado Palencia.
  2. Álvaro Zacarías Calvo Pérez.
  3. Amancio Samuel Villatoro.
  4. Otto René Estrada Illescas
  5. Carlos Guillermo Ramírez Gálvez.
  6. Crescencio Gómez López.
  7. Félix Estrada Mejía.
  8. Joaquín Rodas Andrade.
  9. José Miguel Gudiel Álvarez.
  10. José Porfirio Hernández Bonilla.
  11. Juan Pablo Armira López.
  12. Julio Alberto Estrada Illescas.
  13. Lesbia Lucrecia García Escobar.
  14. Luis Rolando Peñate Lima.
  15. Luz Haydeé Méndez Calderón.
  16. Manuel Ismael Salanic Chiguil.
  17. María Quirina Armira López.
  18. Moisés Canales Godoy.
  19. Octavio René Guzmán Castañeda.
  20. Orencio Sosa Calderón.
  21. Óscar Eduardo Barillas Barrientos.
  22. Rubén Amílcar Farfán.
  23. Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.
  24. Sergio Leonel Alvarado Arévalo.
  25. Sergio Saúl Linares Morales.
  26. Víctor Manuel Calderón Díaz.
  27. Wendy Santizo Méndez.
  28. Zoilo Canales Salazar.

El PGT-PC en el Conflicto Armado guatemalteco. A 25 años de los acuerdos de Paz

Juan Carlos Vázquez Medeles

Para Ernesto Guevara de la Serna las condiciones objetivas en Latinoamérica estaban dadas para hacer la Revolución social, el fracaso de la guerrilla de Ñancahuazú y la muerte de su comandante, plantearon la necesidad de implementar nuevas estrategias para hacerla realidad. En Guatemala, en los primeros años de la década de 1970, la reconfiguración de las organizaciones político-militares estimuló nuevamente el ímpetu por la construcción del socialismo a través de la vía armada. Primero, un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) inició clandestinamente la formación de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). En 1972, un contingente de la Nueva Organización Revolucionaria de Combate penetró desde México al Ixcán guatemalteco que, posteriormente, se convertiría en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Por su parte, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), es decir, el Partido Comunista de Guatemala intentaba desarrollar la Guerra Revolucionaria Popular y la consolidación de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias.

            El PGT fue la organización en la que militaron los comunistas desde 1949 y, a partir del triunfo contrarrevolucionario de 1954, lo hicieron en la clandestinidad. En 1960, durante su III Congreso, declararon que estaban en la disposición de utilizar “cualquier forma de lucha” e impulsaron el movimiento revolucionario. En 1962 crearon la Columna 20 de Octubre que penetró en el territorio de Baja Verapaz. La improvisación e inexperiencia de los veintitrés combatientes dio como resultado la desarticulación del grupo en un par de días. Meses más tarde, junto al Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, conformado por ex oficiales del Ejército y el Movimiento 12 de Abril — impulsado por jóvenes universitarios y de Educación media—, crearon las Fuerzas Armadas Rebeldes con las que enfrentarían al gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes para revertir el orden social, económico y político de Guatemala. Fue hasta 1969 que, en el proceso de autocrítica y evaluación del trabajo de los años previos, en su IV Congreso, optaron por el “camino armado de la revolución guatemalteca”, la cual sería antiimperialista, agraria y popular para dar paso al socialismo. No obstante, la estrategia contrainsurgente se incrementó en esos años, el principal objetivo fue destruir a la militancia del Partido. A mediados de 1972 fueron abatidos sus dos principales cuadros militares y, en septiembre de ese año, fueron aprehendidos y desaparecidos los miembros de su Comité Central. Dos años más tarde, su secretario general, Huberto Alvarado Arellano, fue asesinado en un operativo y asumió el cargo Ricardo Rosales Román, y en febrero de 1976, en medio del impacto material y humano que ocasionó un fuerte terremoto, se quitó la vida el antropólogo Joaquín Noval quien encabezaba el brazo armado del PGT. Las contradicciones internas y el trabajo desequilibrado de la dirección con la militancia, coadyuvó al debilitamiento de la línea militar que, al ser desestimado por el Comité Central, fomentó algunas disidencias como la Regional de Occidente que operaba en Quetzaltenango.

            En este panorama se realizó un pleno ampliado, en el cual, desaparecieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y refundaron la Comisión Militar (COMIL)[1], supeditada al Comité Central, para reactivar el desarrollo de la Guerra Revolucionaria Popular. Esta Comisión inició un intenso trabajo de organización con sindicatos, campesinos y estudiantes universitarios. Además, realizó operativos contra miembros del ejército, políticos del Movimiento de Liberación Nacional (partido político de ultraderecha ligado a los escuadrones de la muerte) y agentes de la policía nacional que encabezaban la represión. Su actividad y presencia en los espacios de organización empezó a generar protagonismo que contrapunteó con el Comité Central, por lo que éste desconoció las acciones militares que se realizaron.

            El 29 de mayo de 1978 se suscitó una de las primeras masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco contra la población. En la plaza principal de Panzós, Alta Verapaz, fueron asesinados aproximadamente cien pobladores de origen q´eqchi al exigir solución a los problemas de uso y propiedad de la tierra. Quince días después, el 14 de junio, la COMIL realizó una “acción de castigo” contra un convoy de la Policía Militar Ambulante. El estallido de una mina casera tipo claymore ocasionó la muerte de varios policías de manera calamitosa, por lo que el Comité Central del PGT desconoció nuevamente la acción y aceleró la separación de la Comisión Militar y de otro sector del Partido. 

            Esta escisión conformó una nueva organización, retomó las siglas, se nombró Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC) e inició la tarea de refundar el Partido. Continuó con la organización en la zona industrial de Amatitán, así como en la zona occidental del país y en la frontera cercana a la ciudad de Tapachula, Chiapas en México. Recibieron a un nutrido grupo que provenía de las FAR, difundieron su ideología a través de publicaciones periódicas clandestinas y prosiguieron con el ajusticiamiento de personajes ligados a los grupos represores legales e ilegales, como el secuestro de prominentes empresarios y miembros de la oligarquía para financiar el movimiento revolucionario. Impulsaron la unidad obrero-campesina y el concepto de la autodefensa pero, principalmente, retomaron el desarrollo de la Guerra Revolucionaria Popular. No obstante, el fortalecimiento de las acciones militares fue vertiginoso, pero no se enfocaron en la construcción de un cuerpo con la capacidad de enfrentar al Ejército, las contradicciones entre la dirección nacional, órgano colectivo para la toma de decisiones, se incrementaron y ocasionaron fricciones entre sus miembros.

            Los miembros de la COMIL, como se les identificaba, lograron sobrevivir a los primeros años de la década de 1980, frente a los grandes operativos contrainsurgentes contra la guerrilla urbana. Mientras el EGP y ORPA sufrieron fuertes pérdidas en su logística y recursos materiales instalados en la Ciudad de Guatemala, la nueva organización comunista dirigió sus ataques contra quienes consideraron los responsables de la violencia: esbirros de la derecha política, anticomunistas, agentes del Ejército, perpetradores de crímenes de lesa humanidad y miembros de la oligarquía terrateniente, en operativos que llevo a cabo en el mismo terreno que controlaban las fuerzas represivas. Si las otras organizaciones se replegaron y limitaron sus actividades durante estos años, el PGT-PC aceleró su organización. No obstante, en octubre de 1983, uno de sus fundadores, ex dirigente y cuadro militar sobresaliente, Carlos Humberto Quinteros García, conocido por su seudónimo como Miguel o El Hombre Lobo, fue detenido en un restaurante- bar por fuerzas de seguridad del Estado, a las pocas horas entregó algunas casas de seguridad de la organización y, días después, a militantes de diferentes expresiones del Partido Guatemalteco del Trabajo.

            La caída de Miguel originó una escalada de detenciones de revolucionarios guatemaltecos, muchos de ellos registrados en un documento producido por la institución castrense conocido como el Diario Militar. En él se registran ciento ochenta y tres personas, la mayoría asesinadas y desaparecidas; ciento cinco de ellas pertenecían a alguna expresión del Partido Guatemalteco del Trabajo, de las cuales, veintiuno al PGT-PC. La lectura del documento de la inteligencia militar da cuenta que en menos de seis meses la persecución sistemática contra el Partido fue intensa y con la intención de aniquilar su participación en el movimiento revolucionario. La COMIL fue prácticamente destruida, la mayoría de los miembros de la Dirección Nacional fue muerta o desaparecida, quienes sobrevivieron a los operativos del Ejército y del Batallón de Reacciones y Operaciones Especiales, comandado por el coronel Juan Francisco Cifuentes Cano y guiados por el militante comunista, Carlos Humberto Quinteros García, tuvieron que salir al exilio, desde donde terminó la actividad de la organización y empezó el camino de la supervivencia. 

            La experiencia de la COMIL es resultado del proceso de violencia política que inició en 1954, tras la dimisión de Jacobo Árbenz Guzmán y la instauración de un régimen que propició la coexistencia desde una lógica anticomunista. El proyecto revolucionario, desde el triunfo del Movimiento 26 de julio cubano, dio impulso a la guerra de guerrillas en Latinoamérica. Muchos jóvenes guatemaltecos fueron de los primeros en establecer relación con los cubanos para impulsar su propia revolución desde el inicio de la década de 1960. Las contradicciones en la interpretación de la línea ideológica, para desarrollar este objetivo, entre este proyecto continental y la postura de los Partidos Comunistas, también se reflejó en la actividad del PC guatemalteco. Por otro lado, el intercambio de conocimientos entre las dictaduras de la región en materia contrainsurgente, recrudecieron los mecanismos para combatir la subversión, lo que dio como resultado el asesinato y desaparición sistemática de los opositores al régimen.

            El periodo en el cual operó el PGT-PC se enmarcó en los gobiernos militares más represivos de Guatemala. De los cuatro generales que gobernaron entre 1976 y 1984, dos de ellos fueron sometidos a tribunales de justicia por los crímenes cometidos durante su gestión. No obstante, las víctimas que se registran en el Diario Militar, no han encontrado justicia. Si bien, en 2005 algunas organizaciones iniciaron el litigio con el registro: “Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs Guatemala” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue hasta noviembre del 2012 que se emitió una sentencia que responsabilizó al Estado por los crímenes cometidos contra veintiséis personas registradas en el documento de inteligencia. Ocho años después, el Derecho a Conocer la Verdad y las medidas de reparación dictadas son ignorados por el Estado guatemalteco. El general Óscar Mejía Víctores libró el proceso que se le seguiría en 2011 al ser acusado por el delito de Genocidio, primero, por encontrarse prófugo y, posteriormente, al ser declarado incapacitado física y mentalmente para enfrentar el juicio. Cinco años después falleció sin enfrentar los cargos en su contra. En la actualidad, la Fiscalía de Derechos Humanos del país centroamericano mantiene el caso bajo reserva, no obstante, la descomposición de las instituciones y la incapacidad de impartir justicia que permea en los tribunales guatemaltecos son desalentadores para los familiares de las víctimas.

            La participación del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista en el conflicto armado fue ejercida desde la convicción de transformar el orden establecido por las dictaduras militares, contrarrestar la violencia que dieron como resultado más de doscientos mil muertos y desaparecidos a manos del Estado y sus instituciones, a través de acciones legales e ilegales bajo el argumento del uso legítimo de la fuerza. Escudriñar en el proceso de sometimiento, desarticulación y aniquilamiento de esta organización, ayuda a conocer y comprender la lógica contrainsurgente durante el gobierno de Mejía Víctores. Asimismo, a discernir los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad que combatieron la subversión y que se registraron en el mencionado Diario Militar. El 29 de diciembre de este 2021, se cumplen veinticinco años de la Firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y, si bien, se ha juzgado y sentenciado a diversos perpetradores de crímenes de lesa humanidad y genocidio, es largo el camino por recorrer en la impartición de justicia a las víctimas y familiares. La investigación histórica y la jurisprudencia tienen que redoblar esfuerzos y trabajar en conjunto para impulsar la democratización que, en Guatemala, colisiona con las constantes crisis políticas que continúan develando la desigualdad, la pobreza, el racismo, la corrupción del Estado y el descontento social que polariza a la población guatemalteca.


[1] Este texto toma como referencia el libro del autor: Vázquez Medeles, Juan Carlos, Militantes clandestinos. Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC), Universidad Iberoamericana-Ciudad de México, México, 2019.